La relación positiva que hay entre las ciudades y el desarrollo económico ha estado presente en incontables informes. De hecho, la percepción de las metrópolis como centros de inseguridad y miseria ha variado hasta el punto de describirlas como polos de atracción de empresas, avance tecnológico y globalización. Esa afirmación es válida en esta parte del mundo: las urbes latinoamericanas generan hoy el 65 por ciento del PIB de la región y concentran el 80 por ciento de la población.
Incluso las ciudades intermedias, en Colombia y otros países de la zona, han vivido transformaciones que van desde alamedas y ciclorrutas hasta malecones y centros comerciales. Así falte trecho, la calidad de vida en múltiples municipalidades mejora, de la mano del avance en los indicadores sociales.
Sin embargo, el debate urbano no para. Tanto en los países ricos como en los emergentes, la discusión no está hoy en las inmensas oportunidades de crecimiento para el sector privado, sino en asuntos relacionados con equidad y sostenibilidad, entre otros.
De tal manera, hay preguntas sobre la productividad de las economías locales y su resiliencia frente a desastres y amenazas medioambientales. Esas son las preguntas que guían la conferencia sobre el futuro urbano regional que avanza en Lima, convocada por la CAF. El reporte que el banco de desarrollo lanzó en el evento introduce un interesante concepto para medir el bienestar que las ciudades generan en sus habitantes: la accesibilidad.
Enfocar la discusión de las políticas públicas en cómo alcanzar, aprovechar y reproducir un abanico amplio de oportunidades a nivel municipal es un paso en la dirección correcta. En especial, en un entorno como el latinoamericano donde los fenómenos de urbanización han sido incompletos, caóticos y desconectados con el desarrollo. En medio de la alta densidad de nuestras metrópolis, la “triple informalidad” en vivienda, transporte y empleo reduce ganancias potenciales .
El informe invita a centrar el debate en cuatro áreas cruciales: la planificación del uso del suelo urbano, la provisión de infraestructura y la regulación de la movilidad, la flexibilidad del mercado de vivienda y la existencia de mecanismos de coordinación y gobernanza a nivel metropolitano. Una mirada rápida del estado de estos cuatro ámbitos en Colombia revela que hay todavía mucho por hacer en la materia.
En lo que atañe a movilidad, por ejemplo, las preocupaciones están presentes en grandes capitales y ciudades intermedias sin distinción. Los debates en el país son de la más variada índole: la legalización de mototaxis y bicitaxis, la necesidad de mayor cultura ciudadana por parte de conductores y biciusuarios, la eficiencia de los sistemas de transporte masivo e incluso la regulación para las aplicaciones como Uber.
En cuanto al uso del suelo urbano, los pulsos son menos públicos, pero no menos vitales. En muchas poblaciones se vive la tensión entre la promoción de una ciudad más compacta y el alza en el costo de suelo que muchas veces ello implica. Las viviendas informales y en zonas de alto riesgo son una realidad que recordamos muchas veces trágicamente, en cada temporada invernal. A todas estas, la discusión sobre los mecanismos de financiación para aprovechar el valor generado por los cambios del uso del suelo, no pierde vigencia.
El trabajo de la CAF hace un llamado a pensar desde la capacidad de acceder a las oportunidades que se crean y aprovecharlas. Áreas urbanas y metropolitanas bien gobernadas, sin duda propician las condiciones para que el dinamismo económico de las ciudades encuentre los caminos para una mejor productividad, mayor inclusión y una distribución más equitativa de una bonanza que no ha terminado. El desafío es que beneficie a todos.
