Por estos días transita en el Congreso un proyecto de ley orientado a reformar el esquema de subsidios vigente en el país. Con base en estudios de Planeación Nacional y con apoyo multipartidista en el grupo de ponentes, la iniciativa busca establecer las reglas presupuestales y de procedimiento para el mantenimiento y la creación de ayudas económicas para las poblaciones más vulnerables.
El panorama de los subsidios es amplio, creciente y tiene graves problemas de focalización. En el 2015, el Estado colombiano gastó unos 72 billones de pesos –el 9 por ciento del producto interno bruto– en 62 programas distintos. Este portafolio de subvenciones contempló ayudas a la educación (24 billones), las pensiones (18 billones), la salud (15 billones), servicios públicos, atención a la pobreza, apoyo a la primera infancia y respaldo a la vivienda, entre otros.
La tendencia del gasto público en subsidios ha sido al alza. Por ejemplo, Familias en Acción, ha pasado de cubrir 100.000 familias en el 2001 a 2,5 millones en el 2016. Tales programas han sido indudablemente claves en la lucha contra la pobreza: 4,3 millones de colombianos salieron de esa condición entre el 2010 y el 2016.
Precisamente por haber crecido hasta ocupar uno de cada tres pesos del presupuesto general ejecutado en el 2015, el esquema de subsidios necesita más que nunca una reorganización que mejore su eficiencia, su asignación y su sostenibilidad. Sin desconocer su contribución en el avance de los indicadores sociales, los programas gubernamentales, no obstante sus altos montos, tienen un impacto casi imperceptible en la disminución de los índices de desigualdad. En otras palabras, no cuentan con la progresividad suficiente para variar y mejorar, de manera efectiva, las vidas de los más necesitados.
Una mirada más detallada a los beneficiarios de los subsidios y su condición socioeconómica revela que no son todos los que están ni están todos los que son. La mitad de los recursos que el Estado colombiano gasta en respaldar las pensiones va al quintil más rico de la población. Casi un tercio de todas las subvenciones en servicios públicos lo reciben ciudadanos de los dos quintiles más pudientes, al igual que las ayudas para la vivienda. De hecho, la clase alta es la destinataria de un volumen inmenso de recursos –casi una quinta parte de los subsidios– por cuenta del pago de las jubilaciones.
Si a lo anterior se añaden las denuncias sobre el uso politiquero de las ayudas económicas y las trampas de muchos beneficiarios que han sido detectadas por Planeación Nacional, no sorprenden las críticas a estos esquemas. Varios estudios señalan que un gran número de personas encuentran fuertes incentivos para mantenerse en el régimen subsidiado de salud aunque cumplan las condiciones para aportar al contributivo. Lo más grave de la distorsión en la focalización de estos recursos es que, además de ser injustos, le restan tanta contundencia como legitimidad a la inversión social del Estado.
A la luz de los problemas detectados, este proyecto de reforma acierta en el esfuerzo de mejorar la información sobre los subsidios, fuera de ordenar las reglas presupuestales para la creación de nuevos esquemas, así como la evaluación y la terminación de un subsidio. No obstante, sería pertinente precisar con más detalle el papel del Congreso en la creación y la asignación de estas ayudas.
El motivo es que los parlamentarios son fundamentales en la determinación de las reglas del juego, pero no deberían tener voz en la operación o evaluación del sistema, aparte del control político que les corresponde. El riesgo de la captura política –como lo muestra la experiencia– es alto, y el Ejecutivo necesita mantener el control técnico de estos programas. Dicha labor, unida a la discusión franca sobre lo que pasa con las pensiones, es definitiva para que los subsidios funcionen bien y les lleguen a quienes los requieren.
