Ricardo Ávila
Editorial

Que el debate sea abierto

La reforma al proceso presupuestal no debe ser por cuenta de un único artículo, escondido en el proyecto de ley del Plan de Desarrollo.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
febrero 13 de 2019
2019-02-13 09:20 p.m.
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Quienes saben de estos temas aseguran que no hay antecedentes de un tema que congregue bajo un mismo paraguas a economistas de variados pelambres. Aunque la discusión tiene un carácter técnico, llama la atención que tantas voces se hayan alzado en contra, después de que la administración Duque incluyera un artículo en el proyecto de ley destinado a acoger el Plan de Desarrollo, actualmente en manos del Congreso.

La iniciativa en cuestión está en el artículo 35 del texto radicado por el Ejecutivo. Según este: “con el propósito de fortalecer la articulación en el proceso de programación, elaboración, presentación y modificación del presupuesto general de la Nación entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, se avanzará progresivamente hacia la unificación del presupuesto general de la Nación en cabeza del citado Ministerio”.

El debate resulta ajeno para la mayoría de los mortales. No obstante, los analistas señalan que en unas pocas líneas se está desmontando una arquitectura institucional que lleva operando más de 50 años. Sin entrar en honduras, desde entonces se decidió que las partidas de inversión pública a cargo del Gobierno central fueran definidas en Planeación, con el argumento de que allí estaban ubicados los especialistas que podían orientar las estrategias con un criterio apolítico y de mediano plazo.

Por su parte, al Minhacienda le quedó asignada la responsabilidad de los gastos de funcionamiento del aparato estatal y la autorización de giros por parte de la Tesorería, aparte de definir los montos generales cada año y su distribución entre las diferentes carteras y otras entidades. En suma, una repartición de funciones para no mezclar los asuntos del día a día, con otros más fundamentales.

Más allá de encontrones ocasionales, el esquema opera relativamente bien. Cada brazo gubernamental hace lo que le corresponde y el hecho de que existan dos visiones con énfasis diferentes enriquece la discusión sobre las políticas a seguir. De un lado, hay una concepción de país que se apoya en el plan de desarrollo de cada cuatrienio. Del otro, un énfasis en números y procedimientos administrativos, aparte de una tarea de seguimiento.

Lo anterior no quiere decir el modelo sea perfecto. Más de un funcionario se queja de lo aburrido que es tocar dos puertas, una en Planeación y otra en Hacienda, sin que a veces los acuerdos que se logran en un lado se conozcan en el otro. Tampoco faltan las quejas con respecto a que el proceso de identificación de un rubro no siempre es el más transparente o está sujeto a presiones políticas.

Además, hace rato se escuchan opiniones sobre la necesidad de hacerle una cirugía de fondo al proceso presupuestal, pues la lógica que imperaba medio siglo atrás, no necesariamente es válida ahora. A pesar de sistemas de información que funcionan bien, hay quienes creen que todo sería más eficiente si opera bajo una sola cabeza: la de la institución que maneja los recursos públicos, algo que de paso haría más sencillo el diálogo con el Congreso. Alberto Carrasquilla concuerda con esa postura desde hace años.

En respuesta, los críticos señalan los peligros de la unificación. Para comenzar, el poder se concentraría todavía más en el Ministerio de Hacienda, que en el pasado fue generoso en la repartición de la mermelada. Que la ‘gobernabilidad’ quede en manos de una sola entidad, acaba con un contrapeso clave.

Y frente a la manera de hacer el presupuesto, vale la pena abrir el debate. Si al cabo de un ejercicio de análisis que involucre a los especialistas se decide hacer borrón y cuenta nueva para que el proceso vigente sea mejor, que así sea. Pero eso no puede ser el resultado de un artículo escondido en el proyecto de ley del Plan de Desarrollo.

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