Es conocido el refrán de ‘cuando el río suena, piedras lleva’. Esa lección de la sabiduría popular parece estar en la mente de los analistas, que no han ignorado las advertencias enviadas por algunas firmas calificadoras de riesgo con respecto a las vulnerabilidades de la economía colombiana.
La más reciente advertencia provino de Fitch Ratings, que ayer hizo público un comunicado en Nueva York. De acuerdo con el texto, “la calidad crediticia de Colombia podría ser presionada si el crecimiento fuese menor que el esperado y déficit fiscales mayores mermarán los esfuerzos para estabilizar y reducir gradualmente la carga de deuda del Gobierno”.
En plata blanca, la afirmación constituye un campanazo de alerta para un país que en épocas recientes consiguió que sus bonos recibieran una nota que está dos peldaños por encima del grado de inversión. Por cuenta de esa situación, el costo de emitir títulos ha disminuido, lo cual le ahorra cientos de miles de millones de pesos anuales en pago de intereses al Tesoro Nacional.
Y aunque una degradación no parece inminente, Fitch envió un preaviso que no debería ser ignorado por las autoridades. La relativa dureza del pronunciamiento suena sorprendente cuando se tiene en cuenta que la misma firma revisó al alza, hace cuatro meses, la perspectiva de nuestra solidez económica, al pasarla a estable desde negativa, luego de que fuera aprobada la reforma tributaria, se redujera el déficit externo y disminuyera la inflación.
Sin embargo, es evidente que las afirmaciones contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, dado a conocer en junio, sumadas a los reportes que confirman que la desaceleración es más fuerte de lo que se creía hace unos meses, abren un gran signo de interrogación. De entrada, salta a la vista que el desajuste en las cuentas públicas es mayor al que se proyectaba hace un año y que el peso de las acreencias estatales es elevado: como proporción del Producto Interno la carga de la deuda asciende casi a la mitad, 10 puntos porcentuales más que nuestros pares comparables.
Peor todavía, es la impresión de que el futuro se ve complicado. Si conseguir las metas presupuestales establecidas para este año será difícil, el próximo y los siguientes serán desafiantes. El motivo es que las cifras de déficit establecidas por la regla fiscal son muy estrictas, con lo cual habrá que sacar la tijera para recortar los gastos, justo cuando arranca la temporada electoral y llegan las obligaciones asociadas al posconflicto.
A lo anterior se agrega un ritmo de crecimiento mediocre. La esperanza de que la infraestructura sirviera para darle un impulso a la actividad productiva se diluye ante el aplazamiento en los cronogramas de varias obras importantes. Sin ir más lejos, ayer el Dane reportó que la elaboración de contrato premezclado cayó casi 10 por ciento en mayo, frente al mismo mes del 2016.
Como si fuera poco, el precio del petróleo se mantiene en cercanías de los 50 dólares el barril, lo cual pone en entredicho la reanimación anhelada en la exploración de nuevos yacimientos, o el desarrollo de algunos campos existentes. Tampoco es claro que las finanzas de Ecopetrol, así muestre utilidades, permitan que la nación haga cuentas de mayores dividendos.
Así las cosas, nos encontramos como aquellos pacientes que luego de superar una enfermedad, experimentan una recaída, debido a la cual son puestos de nuevo bajo observación. Por ahora, la recomendación es tomarse un remedio, que en este caso obliga al Ministerio de Hacienda a presentar para el próximo año un presupuesto austero.
En caso de que los ahorros propuestos no satisfagan a las calificadoras de deuda, es posible que el preaviso se convierta en una matrícula condicional, que acabaría traduciéndose en una rebaja en la calificación actual. Tenemos aún el beneficio de la duda, pero el margen de maniobra es estrecho y el tiempo se está acabando.
Editorial
Suena otro preaviso
A menos que el presupuesto del 2018 sea muy austero, vendría un castigo de las firmas calificadoras de riesgo.
POR:
Ricardo Ávila
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