El conocido refrán según el cual ‘lo urgente no deja tiempo para lo importante’ le cae como anillo al dedo al reto de la competitividad, un área en la que se requieren acciones coordinadas y continuas, si el país desea mejorar. Así lo muestra el más reciente Informe Nacional del Consejo Privado de Competitividad (CPC), cuyo mensaje principal es claro: los gobiernos y las empresas deben acelerar su ritmo. De lo contrario, Colombia no alcanzará las metas que se ha puesto para ser una nación de ingreso medio-alto el 2032.
El reporte en cuestión señala las acciones a seguir en los meses inmediatos para que la administración Santos complete una serie de avances clave y consolidar su legado.
Primero, resalta que hay que destrabar los proyectos de las concesiones viales de cuarta generación, sobre todo en su fase de financiación y cierre, luego de los problemas del tramo dos de la Ruta del Sol. A lo anterior se suma la pronta ejecución del programa de vías terciarias, de forma que se logre llegar a agosto del 2018 con una mejoría clara en conectividad a nivel regional.
En segundo lugar, el Informe llama la atención sobre la proliferación de normas que han hecho más inflexible el mercado laboral, entorpeciendo, de paso, las relaciones entre trabajadores y empleadores. La propuesta es conformar un frente para archivar proyectos de ley y reglas que vayan en contra de la productividad, y plantear alternativas para resolver las situaciones causadas por decisiones de las altas cortes, como los costos excesivos de la estabilidad reforzada de trabajadores y los fueros especiales. Así mismo, se plantea un programa de desregulación para eliminar o simplificar regulaciones costosas e innecesarias.
Por otra parte, se hace un llamado para fortalecer urgentemente a la Dian, de manera que se cumpla el compromiso de la última reforma impositiva, con miras a disminuir la evasión y la elusión tributaria. Esto incluye una política integral de recursos humanos para la entidad y un plan claro de actualización de sistemas tecnológicos, fundamentales para conseguir más recursos.
Igualmente, el CPC resaltó la importancia de hacer efectivas las regalías de ciencia, tecnología e innovación, que recientemente se modificaron con una reforma constitucional, pero que aún el Gobierno debe reglamentar y poner en marcha. Esto es central, si realmente deseamos cerrar la brecha en este campo.
Por último, se vuelve a insistir en la necesidad de mejorar drásticamente la formación técnica y profesional, incluyendo culminar el montaje del Sistema Nacional de Educación Terciaria, que pasa por repensar el rol del Sena. Este frente preocupa, en particular, dados los escándalos recientes.
Las acciones citadas nos darían un impulso en las áreas en las que tenemos mayores atrasos: infraestructura, eficiencia del mercado laboral y de bienes, calidad de las instituciones, educación e innovación.
Adicionalmente a estos frentes de corto plazo, se reitera el llamado a no perder de vista otras iniciativas que deberían ser tarea del siguiente gobierno. El CPC considera que el reto más apremiante será fortalecer estructuralmente la economía y posibilitar que el sector empresarial sea el motor del desarrollo.
Ello implica aumentar las tasas de crecimiento potencial, de forma que se evite la llamada ‘trampa del ingreso medio’. La salida es acelerar la productividad y reducir la informalidad. Ojalá los candidatos presidenciales tomen nota y tengan en cuenta tales propuestas en los debates que vendrán en estos meses.
Las tareas planteadas representan un reto enorme, tanto para el cierre del gobierno de Juan Manuel Santos como para quien lo reemplace en la Casa de Nariño. El mensaje de fondo es que el país no debe perder la vista sobre las metas de largo plazo, pero hay que comenzar de una vez.