Todavía en veremos

La exploración y explotación de hidrocarburos con métodos no convencionales es un punto crucial para el sector petrolero en Colombia. Junto a la búsqueda intensa de nuevas reservas, el desarrollo de la exploración costa afuera en el Caribe y un mejor factor de recobro, el llamado ‘fracking’, constituye una apuesta fundamental para garantizar la autosuficiencia energética del país.

Por esa razón fueron recibidas con entusiasmo las declaraciones que dio la semana pasada el Ministerio de Minas, sobre la vía libre que la cartera de Ambiente habría dado a los términos de referencia para el uso de esta técnica. Al contar con lineamientos definidos, el fracturamiento hidráulico en roca, como se denomina entre los conocedores esta práctica, podría avanzar, atendiendo los interrogantes de empresas y comunidades.
Es decir, las reglas del juego quedarían claras frente a temas de primera importancia como la protección del agua o la sismicidad, entre otras preocupaciones.

No obstante, a los pocos días del anuncio y tras el rechazo de los ecologistas, el Ministro de Ambiente le echó un baldado de agua fría al optimismo inicial. Para el funcionario, el país no está preparado todavía. En lugar de la esperada luz verde, el titular de la cartera habló de un plan a cinco años para “fortalecer la capacidad institucional y contar con los estudios necesarios con miras a proteger nuestro recurso hídrico”.

Así, una vez más, el Gobierno vuelve a enviar señales ambiguas sobre el futuro de los hidrocarburos en el país. Los yacimientos no convencionales llevan varios años en la agenda, pues desde el 2012 el Estado arrancó el camino para su reglamentación.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) han venido recopilando información sobre este método de exploración. Incluso se han expedido resoluciones desde los ministerios de Minas y Ambiente para configurar una explotación sostenible de los prospectos identificados.

Formalmente, existen cinco bloques asignados en las rondas a cargo de la ANH. Para citar un caso concreto, en el municipio de San Martín en el departamento del Cesar, la empresa norteamericana ConocoPhillips ha adelantado labores de exploración, a pesar de las protestas de la comunidad. Si a lo anterior se añaden las convocatorias hechas en varias docenas de municipios con el fin de, a través de consultas populares, proscribir la búsqueda de crudo, se ve que contar con un marco normativo es clave, antes de que las vías de hecho hablen por sí solas.

No se trata de minimizar las preocupaciones ambientales que hoy comparten distintas comunidades. Es conocida la controversia –que no termina– por el uso de grandes cantidades de agua en el proceso, el eventual impacto sobre acuíferos y corrientes subterráneas –por cuenta de los químicos empleados–, para no hablar de los alegatos con respecto a un aumento de la sismicidad. Frente a cada inquietud, hay respuestas, pero el debate se destaca por su falta de rigor o las posiciones extremas de algunos.

Según las directivas de Ecopetrol, del fracking depende que se puedan confirmar y extraer reservas de entre 2.300 y 7.000 millones de barriles de crudo, que equivalen a cuatro veces las reservas convencionales. Los partidarios de la idea insisten en que así como esta transformó la economía de Estados Unidos, el área del Magdalena Medio cuenta con un gran potencial que serviría para aumentar exportaciones y regalías.

A la luz de esas posibilidades, lo que cabría esperar es que tras años de trabajo técnico, las entidades estatales concilien sus diferencias y escriban una hoja de ruta.
Lamentablemente, otra vez se vuelve a las posiciones encontradas, con lo cual es evidente que no será en este Gobierno que llegue la claridad sobre sí el país permite la explotación –con normas estrictas– de hidrocarburos con técnicas no convencionales, o si decide pagar el costo de no hacerlo.