Ricardo Ávila
Editorial

Una propuesta inconveniente

La iniciativa de incluir en el PND un incremento de los aranceles de algunos textiles y confecciones, afectaría la competitividad del país.

Ricardo Ávila
Exdirector de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
abril 15 de 2019
2019-04-15 09:15 p.m.
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Cuando se propone un aumento de los impuestos a las importaciones, lo natural es que esa idea sea defendida por sus potenciales beneficiarios. Por eso es insólito lo que está pasando con la iniciativa de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo un incremento de los aranceles de algunos textiles y confecciones, del 15 por ciento vigente a 37,9 por ciento, y la cual ha recibido críticas de distintos actores, incluida la Andi, gremio que agrupa a algunos de los productores que, supuestamente, se beneficiarían de ese aumento.

La propuesta que se discute en el Congreso es inconveniente por varios motivos. El primero radica en que un plan de desarrollo no es el instrumento indicado para modificar los aranceles de un sector productivo específico. Por el contrario, este debe ser la bitácora de las grandes estrategias económicas de un gobierno en su cuatrienio, así como para definir los parámetros de la inversión pública en ese periodo. Sin embargo, el proyecto del plan que se discute ahora en el Congreso se ha convertido en una suerte de árbol de Navidad, en el que cada cual ha puesto su propio regalo y donde no es raro encontrar perlas como esta.

Los problemas de la iniciativa van más allá y llegan al ámbito constitucional. De acuerdo con el artículo 189 de la Carta de 1991, la potestad de modificar los aranceles corresponde al Presidente de la República, quien es el encargado de regular el comercio exterior del país. La norma es tan clara que incluso algunos analistas han advertido que si la propuesta de incremento arancelario fuera votada favorablemente en el Congreso, a la postre terminaría cayéndose por inconstitucional.

Más allá de las discusiones normativas, los bemoles del proyecto son, sobre todo, de tipo económico. Desde comienzos de 1990, la política arancelaria colombiana se ha guiado por parámetros precisos que buscan encontrar un equilibrio entre dar una protección razonable a la producción nacional, y no perjudicar los intereses del consumidor o de otras ramas productivas relacionadas. Los sectores que se han sustraído a esos principios buscando mayor protección, especialmente concentrados en el ramo agropecuario, han demostrado tener un gran rezago competitivo frente a estándares internacionales y han obstaculizado el desarrollo de cadenas productivas con potencial, como el de la agroindustria.

Pero el principal problema que tiene aumentar los aranceles de textiles y confecciones a través del PND, es de tipo conceptual. Sus promotores arguyen que se trata de frenar las importaciones que vienen de países que tienen mano de obra muy barata. Esta idea riñe con la justificación del comercio exterior: importar ciertos bienes desde países que los produzcan de manera más eficiente que el nuestro, y exportar otros en cuya elaboración seamos más productivos que ellos.

Por supuesto, en algunos casos es plausible elevar de forma temporal los aranceles, cuando se presenta una competencia desleal por parte de productores extranjeros que venden por debajo de sus costos para erosionar la producción nacional. Estos están previstos en la normatividad vigente, que establece que sean estudiados por el Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios, conformado por los viceministros de las carteras económicas, o por el Consejo Superior de Comercio Exterior, constituido por los ministros de esas áreas y presidido por el Jefe de Estado. Esas instancias son las que deben estudiar, de manera técnica, y no política, como en este caso, el mérito de las solicitudes y las medidas indicadas para cada uno.

Si los promotores del aumento de aranceles están tratando de luchar contra un episodio de competencia desleal, la vía para tramitar sus quejas es a través del Poder Ejecutivo. Por el contrario, si lo que pretenden es resolver un problema de baja productividad, lo que terminarían logrando con mayores impuestos a las importaciones sería un incremento del contrabando que erosionaría aún más su base productiva. Los congresistas que tienen esta papa caliente en las manos deberían soltarla ya, para evitar hacer semejante daño a la competitividad nacional.

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