Francisco Miranda Hamburger
Editorial

Ruta hacia la humanidad

El Estatuto de Protección integrará a los migrantes venezolanos pero requiere logística y más solidaridad internacional.

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
febrero 08 de 2021
2021-02-08 07:30 p. m.
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Ayer el presidente Iván Duque anunció una de las decisiones más trascendentales de su mandato frente a Venezuela y la política migratoria.

El Gobierno lanzó un Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos (EPTV) por una vigencia de 10 años. Esto implica la creación de un mecanismo para que las personas del vecino país cuenten con un estatus migratorio regularizado en ese período de tiempo.

Si bien la pandemia del coronavirus redujo considerablemente el flujo de venezolanos, los datos más recientes de Mígración Colombia reportan alrededor de 1,72 millones de migrantes de ese país en el territorio nacional.

Un 56 por ciento de ellos, esto es 966 mil, se encuentran hoy en condición de irregularidad. De hecho, uno de cada cuatro serían niños y adolescentes.

Tras varios años la migración venezolana es una realidad social, económica, laboral, cultural y hasta de seguridad para Colombia. Varios estudios han estimado los impactos fiscales de la atención estatal al fenómeno migratorio, en especial en las áreas de salud, educación y atención a la primera infancia.

Investigadores del Banco de la República calcularon estos costos en un 0,12 por ciento del PIB entre 2017 y 2019. En el corto plazo, como lo experimentó Colombia, el choque migratorio venezolano generó un evidente estrés fiscal transitorio. No obstante, efectos positivos en productividad, crecimiento y recaudo tributario- los migrantes también tributan- se calculan en el mediano y largo plazo.

Ese aporte económico de los migrantes aumenta si éstos se encuentran integrados en la vida productiva y en el tejido económico de la sociedad. El Estatuto de Protección Temporal de Duque es un mecanismo de integración de los migrantes al mercado laboral, a la salud, a la educación y a la identificación para efectos judiciales y de seguridad urbana.

Esta decisión presidencial constituye una ruta clara y legal hacia la regularización de casi dos millones de seres humanos, muchos de ellos en extrema vulnerabilidad. Esta ruta generará los incentivos económicos de largo plazo para integrar los migrantes al trabajo y a los menores a la educación. Asimismo, costará menos la atención en salud y la identificación permitirá al Estado conocer mejor del universo migratorio.

El presidente Duque no solo ratifica su abordaje humanitario a la política migratoria hacia Venezuela sino también toma el riesgo de tender la mano a los que huyen del régimen de Maduro en momentos de nacionalismo y populismo.

La actitud generosa con la que los colombianos recibieron a los migrantes venezolanos se ha venido deteriorando con los años. En tiempos de pandemia, crisis económica, inseguridad urbana y desempleo, la xenofobia y el rechazo a los extranjeros tienden a ser más fuertes.

Al igual que con el choque fiscal, la aplicación del Estatuto tendrá importantes retos logísticos que requerirán la coordinación del Gobierno. En especial desde Migración Colombia, entidad que deberá recibir mucho apoyo institucional.

La decisión de Duque envía asimismo una sonora petición de ayuda a la comunidad internacional. Colombia está recibiendo un tercio de la crisis migratoria de cinco millones de venezolanos ante un magro apoyo global. El mundo no puede continuar sordo a estos llamados a la solidaridad.

No se trata de pintar un escenario rosa que ignore los costos en el corto plazo y la dificultad de la generosidad en tiempos de crisis. Pero proteger a los migrantes los saca de las sombras y la ilegalidad. Es una ruta hacia la humanidad.

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