No comenzó precisamente con el pie derecho el trámite de la ley de financiamiento. Mientras la Casa de Nariño hacía esfuerzos para explicarles a los interesados las bondades de una iniciativa que permitiría cubrir el faltante presupuestal de 14 billones de pesos para el próximo año, en el Ministerio de Hacienda seguían trabajando a marchas forzadas para ponerle punto final a una propuesta que acabó siendo radicada en el capitolio al finalizar la tarde.
A medida que la incertidumbre en torno a las implicaciones del texto final se disipan, vale la pena concentrarse en un asunto que ya está definido en las cuentas del Ejecutivo: se trata de los cálculos gruesos con respecto a los ingresos que se obtendrán a partir del 2019. Dados los cambios propuestos, tanto en lo que atañe al Impuesto al Valor Agregado, como al tratamiento que se le da a la renta de personas y sociedades, es claro que hay que hacer sumas y restas para llegar a los números finales.
De acuerdo con los cálculos oficiales, el próximo año al fisco le quedarían 19,5 billones de pesos , que son cinco y medio más de los que necesita. El motivo de ese colchón es que hay ingresos que pueden ser de dudosa realización. Así, se plantea que la venta de activos no estratégicos de la Nación dejaría 2,4 billones, pero dado el fracaso de la operación de Coltel, que fue aplazada hasta nueva orden, es factible que no todas las privatizaciones resulten exitosas.
Al mismo tiempo, saltan a la vista supuestos que probablemente no pasarían un examen estricto. Una expectativa de mayor crecimiento de la economía dejaría un billón de pesos en mayores recaudos. El lío es que eso no se puede garantizar, pues siempre pueden surgir imprevistos. Más complejo aún es comprometerse con lo que dejaría la labor de la administración tributaria, cuya meta inicial sería modesta, pero que se volvería muy ambiciosa con el transcurso del cuatrienio.
Quienes archivan los documentos que de vez en cuando circulan los funcionarios, recuerdan que hace unas semanas el Ministerio de Hacienda habló de tres “combos”, en los que planteaba diferentes opciones de tarifas. No obstante, una línea que nunca se alteró en los escenarios presentados era lo que conseguiría la Dian: 1,5 billones en el 2019; 5 billones en el 2020; 12 billones en el 2021, y 17 billones en el 2022.
Semejante objetivo es encomiable en un país que muestra altos índices de evasión y elusión tributaria. No hay duda de que las autoridades deben hacer lo que esté a su alcance y mejorar los procedimientos con el fin de tapar los agujeros a través de los cuales se escapan los recursos del fisco. De hecho, en la campaña presidencial todos los candidatos se comprometieron con cifras concretas en esta materia.
Sin embargo, existe un amplio trecho entre creer que se es capaz y volverlo realidad. Debido a ello, el Gobierno está obligado a seguir la línea de la prudencia y no hacer las cuentas de la lechera, pues el riesgo es que no haya con qué pagar el cántaro.
Puesto de otra manera, uno de los primeros oficios que necesitan hacer los congresistas cuando comiencen los debates de la ley de financiamiento es pedir las proyecciones fiscales detalladas, a ver si son sostenibles. Dado que en las diapositivas que han circulado hay una mezcla de números con fundamento y otros que no, la única opción válida es aplicar aquello que se conoce como la prueba ácida.
Si ese ejercicio se hace de manera responsable, es muy posible que se llegue a la conclusión de que bajar la tarifa general del IVA del 19 al 17 por ciento, representa un enorme peligro. Así se salve el ejercicio del próximo año, en el 2020 habría que volver al Capitolio a buscar fuentes de recursos. Debido a ello, hay que afinar el lápiz. Una cosa es que el papel aguante todo y otra que el país lo haga.
Ricardo Ávila Pinto
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@ravilapinto
