El chiste obvio diría que se trata de una intención que asusta, apropiada para salir a la luz pública en pleno día de las brujas. Pero más allá del intento de gracejo, no hay duda de que la propuesta de ley de financiamiento que será radicada esta tarde en el Capitolio por el Ministro de Hacienda se perfila como el plato fuerte de la legislatura.
La razón es obvia: la iniciativa no solo se puede calificar de ambiciosa debido a que busca recaudar en su primer año el triple de lo que generó la reforma tributaria del 2016, sino que es audaz al plantear una redistribución importante de las cargas actuales. Desde el punto de vista de los ingresos, el objetivo inicial es cubrir el faltante presupuestal del próximo año, pero en un horizonte más largo lo que está en juego es la propia viabilidad del plan de Gobierno de Iván Duque.
Conceptualmente, la meta es reducirles el peso de los impuestos a las empresas y aumentarlas a las personas. Diferentes mediciones muestran que las tarifas nominales en Colombia superan con creces el promedio regional y mundial, lo cual se convierte en una talanquera para el emprendimiento y la inversión. Hacer al país más competitivo podría generar un círculo virtuoso que eventualmente derivaría en mayor generación de empleo y creación de riqueza.
Lo anterior no quiere decir que la medicina sea de fácil recibo. El tema más polémico de todos es la ampliación de la base del IVA a un gran número de servicios y productos. Más allá de la promesa de reducir la tarifa general al 18 por ciento el próximo año y eventualmente al 17 por ciento en el 2021, la discusión será intensa. Para los detractores de la idea, habría un alza en la regresividad, así varios estudios muestren que conservar el esquema actual es más inequitativo.
Para hacer más pasable el trago amargo, el Ejecutivo propone girarle una suma anticipada al 30 por ciento de la población que está ubicada en la base de la pirámide de ingresos. Dicha salida no solo permitiría cumplir con un pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto, sino que se convertiría en un mecanismo de redistribución que impactaría favorablemente a unas cuatro millones de familias. Los avances en tecnología y bancarización hacen factible la tarea a un costo bajo.
Y esa no sería la única fuente de mayores recaudos. En lo que atañe al impuesto de renta habría un aumento fuerte en las tarifas, orientado a que las personas de mayores ingresos contribuyan mucho más que ahora. Un elemento adicional es el impuesto al patrimonio con cargo a aquellos individuos con más de 3.000 millones de pesos.
A cambio, las empresas pagarían el 30 por ciento de sus utilidades, cuatro puntos menos que ahora. Más importante todavía sería la facultad de deducir el IVA pagado por la compra de bienes de capital, al igual que una parte del impuesto de industria y comercio y otra correspondiente al cuatro por mil. Al sumar todas las rebajas, la tasa efectiva de tributación caería en unos diez puntos porcentuales en el 2022 frente a la del 2018, lo cual es una rebaja considerable.
Por otra parte, vale la pena destacar la intención de crear un impuesto unificado bajo un régimen simple de tributación, siguiendo la experiencia de otros países. La intención de aumentar la formalización es encomiable, aunque habrá que examinar el cómo.
Falta, por supuesto, conocer el texto del articulado que radique el Gobierno. Por ahora, salta a la vista que en el 2019 llegarían más recursos de los necesarios, pero dada la volatilidad de los ingresos asociados al petróleo y la eventualidad de que el programa de venta de empresas estatales no sea exitoso, es mejor la prudencia. Sin embargo, no es hora de hacer cuentas. Lo que viene es una intensa polémica cuyo desenlace solo se conocerá hasta bien entrado el mes de diciembre.
Ricardo Ávila Pinto
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@ravilapinto
