Las empresas de petróleo, gas y combustibles líquidos que operan en Colombia atraviesan un momento lleno de incertidumbres, desafíos y paradojas.
Así quedó en evidencia la semana pasada en la quinta Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, convocada por los gremios del sector.
En medio de los anuncios de nuevos hallazgos gasíferos, la reforma tributaria asestó un golpe a la industria de tal severidad que sus impactos aún no han sido plenamente establecidos por las compañías.
La eliminación de la deducibilidad de las regalías, la sobretasa a la renta y el impuesto a los dividendos ha terminado por imponer sobre el sector petrolero una excesiva carga impositiva.
Según el ministerio de Hacienda, los tributos sobre estas actividades extractivas recaudarán más de 11 de los 20 billones de pesos del monto total del alza de impuestos del gobierno Petro. Esto sin contar con los aportes fiscales de las empresas, incluyendo Ecopetrol, que integran la cadena de los hidrocarburos: 36 billones en 2021 y alrededor de 61 billones en este año.
Ya se están empezando a sentir los efectos de este choque tributario. No solo la industria petrolera colombiana ha perdido competitividad por tasas de tributación por encima de 65 por ciento, sino también varias empresas ya están revaluando y recalculando las inversiones en sus proyectos para los próximos años.
Mientras que en este año los recursos que la industria destinó a exploración y producción alcanzaron los 4 mil millones de dólares, es probable que en 2023 esa cifra sea menor.
El desproporcionado aumento en los impuestos no es el único factor de incertidumbre que el Gobierno Nacional le está generando al sector petrolero.
A la falta de claridad ante el futuro de los contratos de exploración -la ministra de Minas Irene Vélez anunció la revisión de unos 35 para su reanudación- se añaden las consecuencias del Acuerdo de Escazú y algunas problemáticas regionales de orden público. Todo lo anterior bajo una imparable retórica, en voz del presidente Gustavo Petro, de ataque frontal y virulento contra los hidrocarburos.
Lo paradójico está en las buenas noticias del sector en medio de este ambiente hostil e incierto producido por la Casa de Nariño.
Ecopetrol anunció que los hallazgos gasíferos de este año -Uchuva y Gorgon- podrían contar con un potencial suficiente para duplicar las reservas del país.
En simultánea varias empresas de hidrocarburos, incluida la estatal, cuentan con estrategias, recursos y resultados de distinta magnitud en cuanto a transición energética y avance a la carbono-neutralidad.
De hecho, toda la discusión alrededor del crudo ha llevado a la opinión pública a expresar mayoritariamente su respaldo: de acuerdo con el Barómetro Petrolero, el 79 por ciento de los colombianos creen que la industria de petróleo y gas es “necesaria para financiar los programas sociales y de inversión pública del Estado”.
Más allá del llamado del presidente Petro a ponerle fecha a la muerte del petróleo y la incapacidad de su gobierno de presentar una alternativa factible a los recursos fiscales que genera, tanto el futuro de la política energética como el rol de Ecopetrol y demás compañías en la misma siguen sin la claridad necesaria.
Mientras el Ministerio de Minas termina su cronograma de seis meses para construir la hoja de ruta de la transición energética -un octavo de todo el cuatrienio- las empresas petroleras, mineras y de energía y sus respectivas cadenas requieren de definiciones prontas para evaluar sus planes y proyectos de inversión.
No sobra reiterar que el camino que tome Colombia en su futuro energético debe ser guiado por la gradualidad, el orden, el aseguramiento y confiabilidad en el abastecimiento, la sostenibilidad económica y la racionalidad en los costos.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda
