Luego de 6 foros regionales, 4 encuentros en el Congreso, una gira internacional, 50 días de protestas y paro nacional, y casi dos meses de nombrado, el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo presentó las líneas generales del nuevo proyecto de reforma tributaria. Junto al presidente Iván Duque, el jefe de la cartera de finanzas públicas confirmó detalles del articulado que el Gobierno Nacional radicará a partir del próximo 20 de julio en el Congreso de la República.
Esta apuesta de ajuste fiscal 2.0 buscará el recaudo de 15,2 billones de pesos- unos 10 billones menos que el fallido primer intento de reforma - e incorporará un pilar de gasto social alrededor de las medidas para mitigar el impacto económico de la pandemia. Un 40 por ciento del monto total- 4,6 billones de pesos- vendrán de sendos planes de lucha contra la evasión- 2,7 billones- y de austeridad en el gasto público- 1,9 billones.
El proceso por el cual el presidente Iván Duque y su ministro Restrepo llegaron a este proyecto muestra el aprendizaje de las lecciones que dejó el primer intento de ajuste fiscal. En primer lugar, la reforma tributaria 2.0 ha reducido sus aspiraciones de recaudo para ajustarlas al realismo político y social. Para la mayoría de los colombianos fue precisamente la primera propuesta del Gobierno Nacional, que terminó hundida y con la renuncia en masa de la cúpula del equipo económico, el motivo más fuerte para las protestas del paro nacional. Este nuevo proyecto no aumenta impuestos a las clases medias ni introduce cambios en el IVA, lo que se sintoniza con las angustias de los ciudadanos.
Una segunda lección es la de la socialización y el tono. El jefe de las finanzas públicas adoptó una actitud más pedagógica y una voluntad de crear consensos políticos alrededor de este articulado final. Solo los asistentes al evento de presentación y las declaraciones públicas de dirigentes políticos y gremios económicos ratifican que, al menos en estas primeras instancias del debate público, la reforma tributaria 2.0 llegaría con un muchísimo mejor ambiente al Congreso y una recepción más benévola en los medios de comunicación.
Pero el componente más destacado de este nuevo proyecto es la participación del sector privado en las nuevas cargas impositivas. Alrededor del 69 por ciento del recaudo- unos 10,5 billones de pesos- provendrán de las empresas de todos los tamaños en el país. El descuento del ICA quedaría en 50 por ciento y recogería 3,9 billones mientras que la tarifa del impuesto de renta a las compañías subirá al 35 por ciento para recaudar 6,7 billones de pesos.
En momentos de crisis económica, descontento ciudadano y angustia social los empresarios colombianos dan un paso al frente, rodean la propuesta gubernamental y asumen sobre sus hombros la mayor parte del costo de la tributaria. Y este esfuerzo golpeará las arcas del sector privado precisamente cuando la reactivación esté, para la mayoría de los sectores, consolidándose. Estos recursos que busca el Gobierno no saldrán de las empresas sin un impacto, pero, como lo vienen proponiendo la Andi y otros gremios, “el diálogo tiene que prevalecer”. Lo ideal sería que este proyecto de ley no sufriera mayores transformaciones en su trámite por el Congreso de la República.
Los motivos centrales del rechazo ciudadano ya no integran la propuesta y el sector empresarial, el más afectado, ha manifestado su respaldo.
Hace pocas semanas muchas empresas del país- grandes, pequeñas y medianas- sufrían los duros impactos de los bloqueos del paro nacional. Hoy el Gobierno podrá financiar la extensión del gasto social a los más pobres con recursos que saldrán de los bolsillos del sector privado. Es la responsabilidad y la solidaridad en una mismo articulado.
Francisco Miranda Hamburger
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