Para algunos, la palabra quiere decir ‘casa del trueno’. Para otros, el significado correcto es ‘resplandor en las alturas’. En cualquier caso, el nombre Catatumbo tiene relación con un fenómeno atmosférico propio de la zona de la Serranía del Perijá en la frontera con Venezuela, en donde hay un relampagueo constante descrito como único.
Es con ese marco natural de fondo –el mismo que recuerda una tormenta permanente– que hoy se cumplen tres semanas y media de paro en dicha área de Norte de Santander. Las movilizaciones de origen campesino que han trastornado las actividades cotidianas en una decena de municipios siguen sin resolverse, a pesar de las ofertas hechas por los delegados del Gobierno. Si bien la llegada de un nuevo equipo negociador ha dado esperanzas de que se llegue a una solución, el humo blanco todavía puede demorarse.
Encontrar una salida es una meta particularmente compleja, por cuenta de los actores que existen en la zona. Aparte de las peticiones de una comunidad que se queja, con razón, de haber sido relegada a su suerte durante décadas y que pide vías de comunicación decentes, oportunidades de empleo y mejores servicios por parte del Estado, también hay una agenda política presente en la que, a su manera, los grupos violentos influyen en mayor o menor grado. De tal forma, las Farc y el Eln meten baza en la lista de demandas, al igual que ‘Megateo’, un exguerrillero convertido en narcotraficante que tiene influencia en sectores de la población.
A la luz de tantos intereses en juego, es fácil caer en la tentación de las simplificaciones y estigmatizar a quienes han bloqueado carreteras y se han enfrentado a la fuerza pública. Sin embargo, aun reconociendo que los grupos violentos mueven algunos hilos y que desde La Habana se envían mensajes de apoyo a ciertos líderes, sería un error garrafal ignorar solicitudes que son legítimas. Estas tienen que ver con el reiterado incumplimiento de las promesas oficiales en un área de frontera que siente el coletazo de lo que sucede en el país vecino.
Por tal razón, en lugar de tratar con arrogancia a quienes hacen reclamos, lo que se necesita es construir confianza para empezar a examinar los puntos incluidos en la agenda. Como ocurre en casos similares, lo importante para las autoridades no es aceptar todos los planteamientos, sino asegurarse de que los compromisos que se firmen, se cumplan. Y es que las promesas que no se concretan son el caldo de cultivo que explica la indignación popular.
Adicionalmente, el Ejecutivo debería sacar lecciones de lo ocurrido. Si algo deja en claro la evolución de la protesta social en el país y la actitud de varios sectores del agro, es que las vías de hecho son la manera más efectiva de llamar la atención de Bogotá. Por cuenta de esa percepción se puede llegar a un punto en el cual el país se llene de incendios de diferente intensidad, mientras ministros y altos consejeros son enviados de urgencia para apagarlos.
Semejante escenario es totalmente indeseable. No obstante, para que no ocurra, es indudable que hay que mejorar los sistemas de alerta temprana, ojalá mediante un mecanismo centralizado en la Casa de Nariño. El diálogo permanente con gobernadores y alcaldes debería permitir que se identifiquen las potenciales áreas de conflicto, para así intervenir antes de que se produzcan las movilizaciones. Al mismo tiempo, las respuestas que se den necesitan el concurso de todo el gabinete y no de unas pocas carteras.
El requisito de tener los oídos abiertos y la mirada aguzada es un imperativo, justo cuando comienza la época electoral y el proceso de paz entra en una etapa crítica. Bajar la guardia y distraerse con otras tentaciones puede ser una gran equivocación, si de lo que se trata es de evitar que los rayos que caen en el Catatumbo también golpeen a otras zonas del país.
Ricardo Ávila Pinto
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