Hace un año fue objeto de elogios la llegada a las principales superintendencias de funcionarios de primera línea.
Estos parecían comprender mejor que sus antecesores las nuevas dinámicas económicas y el competido mundo de los negocios que tales entidades estaban encargadas de regular y controlar.
Pasados los primeros doce meses, si bien hay que aplaudir el dinamismo que muestran tales entidades, hay cosas que no andan bien.
Aunque se resuelven en plazos más breves asuntos que antes tardaban en exceso –como ocurrió, por ejemplo, con la compra de Protabaco por parte de la multinacional BAT-, hay otros tópicos que comienzan a inquietar.
Lo primero es algo que rompe una tradición que había sido característica de los superintendentes por muchos años y que es todavía la norma en la Financiera: su discreción.
El bajo nivel de exposición mediática y el hecho de que tales funcionarios solían comunicarse casi de manera exclusiva por medio de las resoluciones emanadas de sus despachos, era muy positivo.
Ahora, lamentablemente, el cambio ha sido dramático.
Es costumbre de los superintendentes, en especial los de Sociedades e Industria y Comercio, salir no sólo a anunciar sus decisiones finales, sino a pregonar el inicio de investigaciones.
Aparte de romper con la tradición ya mencionada, con esta práctica están corriendo el riesgo de opinar sobre los temas abordados antes de que las pesquisas hayan avanzado, lo que en varios casos los ha puesto al borde de prejuzgar.
En el caso del Supersociedades, lo sucedido con Pacific Rubiales y otras empresas que pueden llegar a ser definidas como un grupo económico, es algo que salió muy mal. No sólo el funcionario hizo comentarios desafortunados sobre el tema en un coctel que tuvo lugar en la casa de un directivo de la petrolera, sino que después sembró la discusión en varios medios de comunicación, para acto seguido convocar a una rueda de prensa.
Pocos días después el propio superintendente tuvo que reconocer que cualquier investigación en este caso “tardaría años”.
Entonces, si tanto demorará, ¿para qué anunciar eventuales conclusiones de la investigación cuando apenas arranca?
Por su parte, al titular de la SIC se le ha escuchado hablar sobre corrupción en contratos públicos o para darle látigo a las EPS. Y aunque todos los esfuerzos contra la venalidad son bienvenidos –y generan titulares–, la pregunta es si la entidad encargada de regular la competencia y los eventuales abusos de posición dominante, entre otros frentes, no debe dejarles a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría ciertas pesquisas y ser más cuidadosa en otras.
En cuanto a la Superintendencia de Salud, es posible que un cambio en su dirección sea inminente, después de que quien la encabeza calificó a varias entidades del sector como insolventes.
La crítica aquí tuvo varios aspectos.
El primero es que, si eso es así, el Gobierno debe entrar a exigir la puesta en marcha inmediata de correctivos. El segundo, que al no especificar cuáles son las firmas en problemas, dejó en entredicho a todas las del sector, lo que atenta directamente contra la estabilidad de esos organismos por el solo hecho de haber sido puestos en la picota.
Como puede verse, es hora de que los superintendentes mediten sobre el alcance de sus funciones, reflexionen sobre el exceso de exposición mediática con el que a veces parecerían estar compitiendo entre ellos por ver cuál hace más anuncios, y evalúen el riesgo de pronunciarse antes de tiempo en ciertos casos, y más allá del límite de sus resoluciones.
En resumen, hacen falta superintendencias dinámicas, pero que no pongan en riesgo sus actuaciones con un excesivo protagonismo, ni que anticipen conclusiones cuando sus indagaciones apenas arrancan.