Cuando los expertos internacionales miran a Colombia y elaboran la lista de tareas que el país tiene pendiente, si quiere construir una sociedad más justa y próspera más pronto que tarde, hay varios temas que aparecen siempre en los primeros lugares. Uno es el de contar con una estructura tributaria moderna. Otro es el de tener un esquema de justicia eficiente. Y nunca falta la necesidad de contar con un sistema pensional que funcione bien.
Sobre este último asunto han vuelto a aparecer los titulares de siempre, por cuenta de la celebración del Congreso de Asofondos, que por estos días tiene lugar en Cartagena. Los diagnósticos son conocidos y tienen que ver con la relativa inoperancia que impera, la cual golpea a los más pobres.
Sin pecar de exceso de cifras, basta recordar que apenas una tercera parte de las personas en edad de jubilarse recibe una mesada hoy en día. El resto han quedado abandonados a su suerte o son beneficiarios de programas de transferencias como el de adulto mayor, que en algo ayudan en la lucha contra la miseria, pero que distan de ser la solución ideal.
Como si lo anterior fuera poco, los dos sistemas que coexisten –el de ahorro individual, administrado por los fondos de pensiones, y el de prima media, a cargo de Colpensiones– distan de estar equilibrados. Peor todavía es que el público ofrece beneficios que superan con creces a los que se encuentran en los países más ricos. Esa es una de las razones por la cual el presupuesto tiene que girar cerca de 30 billones de pesos al año, con el fin de cubrir los faltantes.
Aunque en algún momento se pensó que la brecha fiscal empezaría a bajar en estos años, la verdad es que ello no ha ocurrido. De seguir las cosas como van, la cuenta por este concepto seguirá superando lo que se destina a seguridad o a educación, con el agravante de que los jubilados de mayores ingresos acaban obteniendo los subsidios más grandes. Lejos de corregirlo, la situación agrava el problema de inequidad, que es una de las lacras más notorias de Colombia.
En resumen, hay líos serios con la cobertura, la sostenibilidad y la igualdad. Ante semejante diagnóstico, mantener las cosas como están no es una solución, algo que hace poco señaló un informe de la Ocde. De hecho, varios analistas han dicho claramente que la realidad puede ser aún peor a la vuelta de unos años.
Aunque en este tema no hay una fórmula única y cada país mata las pulgas a su manera, hay que aceptar ciertas verdades. Por ejemplo, la esperanza de vida de la población colombiana ha venido aumentando hasta cerca de los 74 años y eso debería llevar a un alza en las edades de jubilación –que son diferentes para hombres y mujeres– tal como ha ocurrido en buena parte del mundo.
También hay que revisar los beneficios que otorga el sistema de prima media, al que acceden con más dificultad las personas de menores ingresos. Una cosa es la generosidad y otra es regalar dinero que no existe, a quien lo requiere menos. Igualmente importante es combatir la informalidad laboral, inmensa en una nación en la cual apenas una tercera parte de los 21 millones de ciudadanos ocupados hace sus aportes.
Adelantar la cirugía de fondo que muchos reclaman requiere de un inmenso coraje político. En una sociedad en la cual el concepto de solidaridad se pone en práctica solo de vez en cuando, es difícil convencer a quienes toman las decisiones que tienen que sacrificar privilegios, con nombre propio, en favor de los más pobres o de las futuras generaciones.
Al respecto, el gobierno de Juan Manuel Santos ha sido tímido. Una propuesta elaborada en su momento por Rafael Pardo, nunca llegó al Congreso. Ayer, el Presidente se comprometió con una reforma que tendría como insumos lo dicho por expertos internos y locales, y que al menos serviría para sincerar el debate. Más vale que sea así, porque como vamos, no vamos bien.
Ricardo Ávila Pinto
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