La reunión que congregó ayer en la Casa de Nariño al Presidente de la República, el Ministro de Minas y varios integrantes del equipo encargado de negociar con las Farc, junto con los representantes del sector mineroenergético, tuvo un solo propósito: enviarles a los dirigentes de un ramo fundamental para la economía señales claras sobre un proceso que genera más de un interrogante.
Y es que después de la andanada verbal de ‘Iván Márquez’ –el número dos del grupo guerrillero–, quien hace unos días en Oslo lanzó acusaciones en contra de varias compañías y atacó la inversión en el sector, surgieron algunas inquietudes.
En pocas palabras, llegó a existir la duda de que en el curso de las discusiones que vienen el tema entre en la agenda.
Si bien en su momento, el exministro Humberto de la Calle señaló con firmeza en la capital de Noruega que “el modelo económico no está en discusión”, valía la pena reiterar dicha negativa.
Y eso fue lo que hizo Santos al expresar con vehemencia que de la política minera, la petrolera o la energética no tiene por qué hablarse en La Habana.
El motivo es, a la vez, de forma y de fondo. Para comenzar, una mirada al marco pactado para los diálogos demuestra que la puerta para hablar de minería y petróleo nunca ha estado abierta y que no existe siquiera un resquicio para hacerlo.
Pero más importante todavía es señalar que si las Farc quieren poner el asunto sobre la mesa, primero deben firmar la paz, desmovilizarse y convertirse en una organización política con la intención de llegar al Congreso.
Es en ese momento que sus tesis serán evaluadas por los ciudadanos, para ver si los votantes respaldan a los candidatos que quieren nuevas reglas de juego institucionales sobre este y otros puntos.
Como ese día aún está lejano, vale la pena insistir en que no habrá sorpresas en los debates con la guerrilla.
Dicho mensaje es importante para un sector que necesita certidumbre para seguir avanzando y que, de hecho, apoya el esfuerzo de conseguir la terminación del conflicto interno.
Una vez más, el Gobierno expresó que es moderadamente optimista sobre el camino que empezará a recorrer su parte sustantiva a partir del 12 de noviembre.
Más allá de la apuesta realizada, el Ejecutivo reconoce que el éxito no está asegurado y que se encuentra dispuesto a renunciar al intento, en caso de que no haya avances en lo que debe ser un lapso de meses, no de años.
Si bien la concreción del objetivo de la paz mejoraría sustancialmente las condiciones de operación en diferentes áreas del territorio nacional, también hay que aceptar que si no se obtienen los frutos deseados seguirían las cosas tal como ahora.
En otras palabras, Colombia continuaría teniendo problemas de seguridad manejables, los mismos que no han impedido un notorio auge en la extracción de petróleo y carbón o el avance de nuevos proyectos.
Tal afirmación está respaldada por las cifras.
Según los datos de la Balanza Cambiaria que elabora el Banco de la República, hasta mediados de octubre los ingresos por concepto de Inversión Extranjera Directa ascendían a un nivel sin precedentes de 13.293 millones de dólares, 15 por ciento más que en igual periodo del 2011. De esa suma, el 81 por ciento llegó al país con destino a petróleo y minería, lo cual ratifica que el flujo de dineros sigue, todavía en circunstancias complejas para la economía mundial.
Así las cosas, lo dicho por Santos es tranquilizador en el sentido de que hay un rumbo trazado con respecto a la política mineroenergética y que este es independiente de lo que se hable con las Farc. Sin embargo, no está de más prestarle atención a otros puntos que han sido motivo de incertidumbre en el ramo y que merecen ser debatidos con detalle, como las cargas adicionales que soportaría el sector, de salir adelante diversas propuestas.
Pero ese debate quedó aplazado para una próxima oportunidad.
Ricardo Ávila Pinto
