A partir del martes pasado, y hasta el 19 de octubre, empezó el calendario de las fechas de vencimiento para la declaración de renta de 2021 para las personas naturales. El impuesto de renta, tanto de los ciudadanos como de las empresas, es una de las fuentes principales de recursos para el sostenimiento del Estado colombiano. El año pasado la Dian reportó un recaudo anual de $173 billones (105,9% de la meta) y el 34,87% ($60,7 billones) correspondió a retención a título de renta.
Mientras miles de colombianos comienzan a pagar sus impuestos de renta, el Congreso de la República se apresta a discutir el proyecto de reforma tributaria que subirá las cargas, en principio, a los que devenguen ingresos mayores a $10 millones mensuales. Los defensores de los impuestos suelen recordar en estas temporadas de contribución al fisco las famosas palabras del magistrado estadounidense Oliver Wendell Holmes: “los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada”.
Si bien elevar los impuestos de renta a las personas naturales es una de las apuestas del ajuste fiscal del gobierno Petro y es recomendado por muchos expertos y estudios, los contribuyentes se preguntan por la destinación que el Estado da a ese recaudo. No son pocas las instancias en las que los ciudadanos desearían un mejor gasto de sus tributos.
La corrupción estatal -en especial los grandes escándalos que involucran la pérdida de cuantiosos recursos públicos y la impunidad alrededor de los mismos- es uno de esos fenómenos que desincentivan la cultura tributaria. De hecho, en la más reciente encuesta Invamer, 83% de los colombianos considera que la corrupción está empeorando en el país y es el segundo problema más grave que Colombia enfrenta, después de la agenda económica.
Una segunda instancia son los gastos superfluos en los que el Estado y sus altos funcionarios incurren. Los colombianos cada vez soportan menos que la política sea el camino para que políticos, congresistas y miembros del Gobierno no solo enriquezcan sus patrimonios personales, sino que se aferren a costosos vehículos blindados, escoltas, séquitos de asesores y otros onerosos gastos. No sorprende en lo absoluto la resistencia de muchos congresistas, senadores y otros oficiales a abandonar esos privilegios, pagados por los impuestos de todos.
Se abre para la administración Petro una ventana de oportunidad para enviar un mensaje de austeridad tanto en el recorte sustancial de cargos y en la racionalización en el gasto de funcionamiento y operación del Gobierno. Es claro que, a la par que la Casa de Nariño pide a personas naturales y a empresas de todos los tamaños un gran sacrificio adicional en su reforma tributaria, podría comprometerse a reducir el gasto público y una contribución más tangible y permanente a las finanzas públicas. La sostenibilidad fiscal no es responsabilidad exclusiva de los contribuyentes naturales y corporativos, sino también del Estado.
Un gasto estatal más transparente y eficiente es una poderosa herramienta para mejorar la cultura tributaria. Si los bienes y los servicios que brinda el Estado son de calidad, orientados a quienes verdaderamente los necesitan y brindan herramientas para crear empleo, riqueza y más actividad económica, el pago de impuestos en el país sería menos traumático y más agradecido. Por último, no se debería alimentar esa idea nociva y antidemocrática de que una minoría de mayores ingresos y las empresas deben sostener todo el peso de la contribución fiscal y que el resto de ciudadanos nunca debe declarar ni pagar.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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