El texto propuesto para convertirse en proyecto de ley tiene tan solo tres artículos que caben en una página. Sin embargo, a pesar de su corta extensión, la iniciativa presentada este miércoles por el senador Álvaro Uribe, cuyo propósito central es otorgarle al Presidente de la República facultades extraordinarias para que incremente el salario mínimo, fue una verdadera bomba noticiosa.
La razón es que, de ser aprobada por el Congreso, alteraría de manera significativa el orden económico establecido. En lugar de que el incremento de la remuneración tenga lugar cada doce meses, después de que ocurran las discusiones en el seno de la Comisión Permanente de Concertación y Políticas Salariales en diciembre, aquí se le daría carta blanca al Ejecutivo para convertir en realidad la promesa de campaña, según la cual no solo se les reducirían los impuestos a las empresas, sino que subirían los ingresos de los trabajadores.
Desde el punto de vista político, la jugada es particularmente audaz. De un plumazo el fundador del Centro Democrático pone a la oposición, liderada por Gustavo Petro, a la defensiva, justo cuando este quiere arroparse en la bandera de la defensa de las causas sociales. Será difícil encontrar en el Capitolio quién se oponga abiertamente a una idea que es popular y que se asemeja a medidas que usualmente son promovidas por la izquierda.
Por otra parte, no faltará quien señale que el propósito de consignar el reajuste en los fondos de cesantía impulsa el ahorro nacional y hace menos riesgoso un brote inflacionario debido a un alza en la demanda. Además, la promesa de una recompensa podría llevar a más de un empleado, contratado de manera informal, a exigirle a su patrón que lo enganche respetando las normas existentes.
Como si lo anterior fuera poco, el Ejecutivo contaría con la flexibilidad de graduar el aumento salarial dependiendo de las condiciones jurídicas, tributarias y financieras del momento. Aunque eso tiene tanto de largo como de ancho, el mensaje es que aquí hay más un traje a la medida que una camisa de fuerza.
Todo lo dicho suena atractivo y seguramente se verá expresado con un gran respaldo en las encuestas. El problema es que la propuesta es un arma de doble filo que viene acompañada de múltiples riesgos, que no dejarán de ser señalados por los académicos y, en menor medida, por los gremios, que no quisieran enfrentarse con el Gobierno, al menos en una etapa temprana.
De tal manera, los estudiosos señalarán lo que muestran los estudios: un salario mínimo sustancialmente más elevado no garantiza el bienestar de la población. El argumento más simple es que si así fuera, a lo largo y ancho del planeta decenas de países habrían usado esa fórmula para acabar con la pobreza.
Por el contrario, el peligro es que un aumento en los costos laborales lleve a un alza significativa en el desempleo o en la informalidad. A lo anterior se suma el riesgo de una espiral inflacionaria, pues los precios pueden aumentar debido a que los empresarios tratarán de defender sus márgenes. El dramático caso de Venezuela, es un ejemplo extremo de ello.
No menos inquietantes son los posibles efectos sobre la estabilidad de las finanzas públicas. En medio de la estrechez actual, subir el valor de la nómina oficial se convertiría en un enorme dolor de cabeza para el Ministro de Hacienda, para no hablar del salto en el cálculo actuarial del pasivo pensional. Abrazar una medida de corte claramente populista nos dejaría mal parados ante las firmas calificadoras de riesgo y podría acarrear la pérdida del grado de inversión de los títulos de deuda externa.
Debido a ello, la administración Duque está obligada a pensar detenidamente en la mejor manera de manejar esta ‘papa caliente’. Encontrar el justo medio entre la ortodoxia económica y la lealtad a Álvaro Uribe no será nada fácil.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto
