Avanza en el Congreso de la República un proyecto de ley que reduce la jornada laboral en Colombia de 48 a 40 horas.
Esta iniciativa hace parte de un paquete legislativo, radicado por el partido de gobierno Centro Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe. Este conjunto de articulados contempla otras medidas con impacto fiscal como un bono para hijos de hogares de menores ingresos.
Desde el punto de vista político, no solo las fuerzas uribistas sino también el bloque opositor están empujando iniciativas, vía Congreso y propuestas de referendo, que tocan aspectos laborales, fiscales y de gasto público.
Todas estas son medidas con alto poder de atracción popular que ratifican el adelanto de la dinámica electoral de 2022. Los partidos políticos en la contienda nacional necesitan robustecer sus “credenciales” frente a la pandemia y la recuperación. Solamente la introducción y la discusión inicial de una iniciativa con este corte popular, ni hablar de su aprobación, puede ser considerado un éxito político.
Esa ganancia es tal que ni siquiera importa que, como en el caso de la reducción de la jornada laboral, quede en evidencia una fractura entre el partido de gobierno que la impulsa y el Ministerio de Hacienda que oficialmente rechazó su conveniencia.
No obstante, desde el punto de vista económico, estas iniciativas necesitan un estudio más detallado. En especial, en cuanto a su contribución al ritmo tanto de la recuperación económica como de la generación de nuevos puestos de trabajo. El proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral cae dentro de este abanico.
Un concepto de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) calcula en unos 26,9 billones de pesos el costo anual de implementar una semana de trabajo más corta. Este monto es el equivalente al 2,7 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
Para el gremio de industriales, las empresas tendrían que asumir un sobrecosto de más de 85 mil pesos para cubrir las horas no trabajadas.
Además de esta carga adicional al sector privado, cabe la pregunta si esta reducción se traduciría en la generación de nuevos puestos de trabajo para los hoy desempleados o informales. Es factible que muchas industrias, en especial aquellas que requieran mano de obra más especializada, terminen por sobrecargar a sus trabajadores actuales y por pagarles horas extras.
Otras iniciativas legislativas con impacto laboral como la regulación del trabajo en casa o los aportes de los trabajadores de las plataformas digitales hacen su tránsito en el Congreso. Si bien sus objetivos son materia del legítimo debate democrático, estos proyectos hacen la ausencia de una reforma laboral integral mucho más conspicua.
El desempleo se consolida como una de las secuelas socioeconómicas más graves que deja la pandemia del coronavirus. La economía colombiana enfrentaba enormes desafíos en materia laboral que anteceden la irrupción de la covid-19.
Aunque la reactivación de las actividades productivas ha impulsado la recuperación de millones de puestos de trabajo, las falencias estructurales contribuyen a un mayor dinamismo dentro de los trabajadores en la informalidad.
En vez de debatir aspectos puntuales del mercado laboral, el Congreso y el Gobierno Nacional deberían enfocarse en impulsar y aprobar una reforma estructural y de largo aliento. El choque de la pandemia no solo exacerbó las fallas existentes en el mercado del trabajo en la economía colombiana sino también evidenció la urgencia de modernizar y flexibilizar sus marcos normativos, diseñados hace varias décadas. Los esfuerzos políticos en materia laboral deben priorizarse hacia la protección del empleo, la formalización y la generación de nuevos puestos de trabajo.
Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
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