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Francisco Miranda Hamburger
Editorial

Un choque ineludible

Confiar en el capital político del que goza Petro para una ‘terapia de choque’ con los precios de la gasolina sería un craso error social y económico.

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
septiembre 13 de 2022
2022-09-13 12:57 a. m.
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El pasado domingo el presidente Gustavo Petro anunció una de las más difíciles y complejas decisiones económicas del primer tramo de su gobierno: el alza de los precios de la gasolina. Para quienes conocen de primera mano la situación de las finanzas públicas, el desmonte de los subsidios del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) es tanto acertado como necesario.

Si bien este fondo está diseñado para blindar a los consumidores colombianos de la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles, de un tiempo para acá, ante la dinámica global del petróleo, ha venido generando una verdadera tronera fiscal. De acuerdo a recientes cálculos del Ministerio de Hacienda, mientras en este año se necesitarían 11,6 billones de pesos adicionales para tapar el hueco, en 2023 esa necesidad se elevaría a más de 19 billones de pesos.

Lo anterior en medio de la presión por mayor maniobra fiscal ante las altísimas expectativas sociales y demandas de gasto público de la nueva administración Petro.

Los subsidios de este fondo les permitieron a los hogares, transportadores y empresas colombianas experimentar un efecto más amortiguado de la disparada global en los costos de los combustibles. De hecho, en otros países la gasolina y otros energéticos constituyen los principales jalonadores de históricos niveles de inflación. A pesar de este beneficio tangible, que también contribuyó a la dinámica de la reactivación económica, el faltante en las cuentas estatales ha crecido tanto que la situación es literalmente insostenible. Pero no hay que llamarse a engaños. El alza en la gasolina y los combustibles no impactará única y exclusivamente a los más ricos y a los dueños de automóviles; al contrario, estos aumentos afectarán los transportadores de pasajeros y mercancías, los desplazamientos en las ciudades -de motos y de estratos humildes- y los precios de alimentos y otros bienes y servicios. La firma Raddar calcula que por cada 10 por ciento que suba la gasolina, la inflación en todo el país aumentaría 0,5 puntos adicionales.

Si se tiene en cuenta que, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, el precio de la gasolina en Colombia está hoy unos ocho mil pesos por debajo del precio exterior promedio, el espacio para ajustar el alza es amplio y sus efectos serían social y económicamente complicados. Son esas razones las que deben impulsar al Ejecutivo a no perder el tiempo en señalamientos de culpables ni enfrascarse en pulsos de redes sociales con la administración anterior.

La responsabilidad del gobierno Petro hoy comienza por el diseño de un cronograma de alzas y montos que, en simultánea, alivie el creciente hueco fiscal mientras mitiga, en la medida de lo posible, las consecuencias inflacionarias sobre los hogares, los precios de los productos básicos y las empresas. Este es un delicado equilibrio, complejo de conseguir, pero necesario para que la sociedad y la economía nacional no reciba de inmediato y sin anestesia un choque con esta magnitud.

En paralelo al objetivo de balancear las finanzas públicas, el Gobierno Nacional no debe descuidar las consecuencias en el frente de la lucha contra la pobreza que este camino de alzas energéticas va ineludiblemente a desencadenar. Confiar en el mayoritario y abultado capital político del que hoy goza la administración Petro para una ‘terapia de choque’ con los precios de la gasolina sería un craso error social y económico.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

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