Hoy inicia en Cartagena una nueva edición del Congreso Nacional de Minería, que tiene lugar en medio de un complejo entorno para uno de los sectores protagonistas de la economía colombiana.
Si bien los precios internacionales del año pasado llevaron a compañías mineras como Cerrejón y Drummond a lugares destacados en los listados de las empresas con mayores ingresos del país, medidas tributarias y decisiones ministeriales, entre otros aspectos, nublan el panorama de corto plazo para esta actividad.
No sobra recordar la importancia del sector con un peso de alrededor del 2 por ciento de PIB nacional, un valor agregado de 20 billones de pesos, la generación de 160 mil empleos directos y 750 mil indirectos, la contribución del 38 por ciento de las exportaciones y un aporte de regalías e impuestos de renta que llegó a los 16 billones de pesos.
No obstante, varios de los debates que está dando la minería formal y legal colombiana giran en torno, desafortunadamente, de señales poco claras en materia de atracción de inversión, del rol de la actividad en la transición energética e incluso de la viabilidad financiera de operaciones actuales.
Dos artículos de la más reciente reforma tributaria han elevado la preocupación de las empresas mineras sobre su sostenibilidad en el mediano plazo. Se trata de la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta y la sobretasa al carbón en escenarios de precios altos.
Todavía en discusión de su exequibilidad por parte de la Corte Constitucional, la primera medida aumenta sustancialmente la tasa efectiva de tributación de las compañías de un promedio del 88 por ciento al 142 por ciento y pone en riesgo la rentabilidad operativa. El gobierno Petro recaudará más recursos hoy, pero el país recogerá en el futuro cercano un sector minero marchito y sin nuevas inversiones.
Un efecto similar se percibe en una propuesta de decreto del Ministerio de Ambiente para la delimitación de “áreas de reserva natural temporal”, que amenaza directamente el futuro de las actividades extractivas.
Dada la postura ideológica de la Casa de Nariño contraria a la explotación y exploración mineras por su participación privada y por razones climáticas, en especial la del carbón, no se debería descartar que este marchitamiento sea el resultado de una estrategia clara de la cúpula del Ejecutivo.
Lo más grave de todo es que las regiones productoras perderán los cruciales ingresos de la minería, sin tener los caminos definidos para la transición a otras actividades. De hecho, un estudio de Planeación Nacional estima el “costo” de esta “descarbonización” de la economía en una pérdida de alrededor de 145 mil empleos.
El potencial minero en la transición energética, en particular el cobre, requiere de una política clara para su exploración y el desarrollo de los proyectos hoy en curso en departamentos como el Chocó y Antioquia.
El Gobierno Nacional viene desarrollando una ‘Política Pública Minera”- y una nueva legislación- en torno, entre otros temas, a la reindustrialización, participación efectiva de las comunidades y la soberanía de los recursos naturales.
Es claro que la minería colombiana necesita alcanzar un equilibrio entre esta demanda del gobierno actual de centrarse en los mineros, la protección ambiental y las comunidades, y la urgencia económica de las pequeñas, medianas y grandes empresas mineras y su capacidad de atraer inversiones a futuro.
Todo lo anterior en un entorno de combate a las actividades extractivas ilícitas, asociadas a controles territoriales de organizaciones criminales.
En conclusión, el sector minero debe pasar de amenazas de marchitamiento a caminos tangibles para crecer, bajo el marco de la transición energética y los estándares ambientales.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
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