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Francisco Miranda Hamburger
Editorial

Un lánguido futuro

Por más potencial minero que tenga Colombia, hoy el panorama de los grandes proyectos es sombrío y envía pésimas señales a la inversión. 

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
octubre 27 de 2021
2021-10-27 10:37 p. m.
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El pasado viernes en su discurso de clausura del Congreso Nacional de Minería en Cartagena, el presidente, Iván Duque, repitió su mantra en lo que a industrias extractivas se refiere. “Nosotros (los colombianos) debemos saber aprovechar la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo”, afirmó el primer mandatario en una intervención que atacó la demagogia antiminera, y que promete desaparecer esta actividad, como “transnochada, fracasada y del socialismo del siglo XXI”.

No obstante, poco más de 72 horas después, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ordenó el archivo de la licencia ambiental de uno de los proyectos mineros más grandes hoy en el país: la mina cuprífera de Quebradona en Jericó (Antioquia). Tras 22 meses de estudio, el ente ambiental le cierra por ahora la puerta al avance de esta iniciativa de cobre en medio de una narrativa gubernamental alrededor de este mineral como “emblemático” para la transformación energética.

Esta decisión de la Anla se suma al archivo definitivo del proyecto aurífero de Soto Norte, ubicado en el departamento de Santander, que tuvo lugar en enero pasado. En otras palabras, en menos de un año, los dos proyectos mineros más ambiciosos en términos de monto de inversión, generación de empleos y producción total fueron archivados. De acuerdo a la Asociación Colombiana de Minería, los archivos de las licencias ambientales de Soto Norte de Minesa y Quebradona de AngloGold Ashanti ponen en el limbo unos 9,2 billones de pesos de inversiones y más de 6.200 nuevos empleos.

El panorama de los grandes proyectos mineros en el territorio nacional es hoy sombrío ya que sólo queda un puñado: Gramalote de oro y San Matías de cobre en factibilidad y Murindó y Pantanos de cobre, pendiente del permiso de sustracción. Esta es una situación que llena de alegría a las organizaciones ambientales opositoras a estas iniciativas, pero es motivo de preocupación para las empresas y de alerta para futuros inversionistas.

No sobra recordar que la minería responde por el 2 por ciento de la economía colombiana y por uno de cada 4 dólares que Colombia exporta. El sector minero aporta más de 600 mil millones de pesos al año en contribuciones socioambientales y recibe el 15 por ciento de la inversión extranjera que llega al país. Sin embargo, en 2020 Colombia fue el séptimo país en América Latina que más recibió inversiones de exploración por detrás de Chile, México, Perú, Brasil, Ecuador y Argentina. Los recursos claramente están yendo a otras latitudes.

No se trata de cuestionar la autoridad de la Anla para frenar un proyecto minero de envergadura sino de insistir en acelerar los tiempos de trámite de las licencias ambientales para llegar a decisiones definitivas. El desespero de las empresas exploradoras es tal que lo que esperan es que haya claridad y no empujar los proyectos a unos multimillonarios limbos financieros por muchos meses. Las señales enviadas son pésimas y no hacen más que ratificar que para el Gobierno Nacional avanzar en la exploración y la explotación de minerales como el cobre no es un objetivo estratégico para las finanzas públicas, el desarrollo regional y la transformación energética.

Los gobiernos pueden decidir que el desarrollo de grandes proyectos mineros no es de su interés -de hecho, varios candidatos presidenciales lo expresan abiertamente-, pero deben expresarlo de manera diáfana para que los inversionistas busquen otros lares donde las riquezas del subsuelo puedan ayudar a enfrentar la pobreza del suelo.

Francisco Miranda Hamburger
​framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

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