La carta está fechada el pasado 30 de agosto y su destinatario es el Ministro de Salud. En la misiva, firmada por los seis integrantes de la junta directiva de Cafesalud, se relata de manera escueta la angustiosa situación de la EPS que es, con creces, la más grande del sector. En el régimen subsidiado la entidad cuenta con el 23 por ciento de los usuarios, mientras que en el contributivo esa proporción es del 6 por ciento. Entre ambos, la cuenta supera los 7,1 millones de personas.
Los problemas parecen ir en aumento. De un lado, están las quejas de la gente que tienen eco en los medios de comunicación, lo cual crea una especie de bola de nieve con respecto a la percepción de la empresa. Del otro está el deterioro de los indicadores financieros, con sus consecuentes impactos sobre el resto del sector, que mira con inquietud el futuro y prefiere cortar sus vínculos con la institución.
Las cifras son elocuentes. La siniestralidad es superior al 111 por ciento, debido a lo cual los pasivos acumulados van en 610.000 millones de pesos. A pesar de los esfuerzos la operación es deficitaria, algo que se expresa en el balance, que muestra un patrimonio negativo.
Parte de los problemas tienen que ver con que Cafesalud está en una especie de círculo vicioso. Hay sobrecostos en muchos de los servicios que la firma contrata, pues los proveedores la castigan con una prima ante el riesgo de que no logren recuperar lo facturado a tiempo. En algunos casos, conseguir que terceros atiendan a los pacientes implica hacer giros por anticipado, algo que afecta la liquidez y agrava el atraso de las cuentas por pagar.
"Un desplome de la institución sería nefasto para el sistema de salud, además de disparar los costos con cargo a las arcas públicas".
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Para colmo de males, la administración debe andar casi a ciegas, debido al colapso del sistema de información. Dado el volumen de citas, procedimientos y fórmulas de medicamentos diarios, un lío de esta naturaleza agrava las cosas, sin que existan buenos datos para la toma de decisiones.
El panorama es todavía peor cuando se le agrega la avalancha de tutelas que se ha multiplicado, lo cual ha resultado en 7.000 sentencias de desacato y 3.800 órdenes de captura. Mantener la moral alta en un equipo gerencial que no solo está obligado a manejar problemas enormes, sino que ve alta la posibilidad de unos días en la cárcel, es algo titánico.
Ante tantas dificultades, la única posibilidad razonable es encontrar una salida, a sabiendas de que no faltan aquellos que aspiran a hacer leña del árbol caído. Sin embargo, un desplome de la institución sería nefasto para el sistema de aseguramiento, además de disparar los costos con cargo a las arcas públicas justo cuando la estrechez fiscal se siente con más fuerza.
La solución comienza con una inyección de liquidez para así disminuir la presión de las ‘culebras’, algo que depende de llegar a un acuerdo con el Fosyga. Acto seguido es indispensable convocar a los actores que forman parte de la red de servicios, para que cada cual aporte su grano de arena. Si en vez de aplicar la táctica del sálvese quien pueda los eslabones de la cadena deciden colaborar, se vería luz al final del túnel.
No menos importante es conseguir que funcione el sistema informático y que se abra la puerta a una eventual capitalización para mejorar algunas razones financieras. Por último, vale la pena entablar un diálogo con la Corte Constitucional orientado a racionalizar el uso de la tutela, que en lugar de ser un remedio para la negligencia se convirtió en una opción para saltarse la fila o presionar la prescripción de tratamientos y medicamentos costosos.
Todo lo anterior necesita capacidad de liderazgo y la atención de la Casa de Nariño que tiene puesta su mirada en otros asuntos. Ignorar la emergencia sería un gran error. Tanto como no prestarles atención a los requerimientos de la salud el próximo año, que está desfinanciada en 4,5 billones de pesos sin que esté claro cómo se va a tapar un agujero de esa magnitud.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto