El domingo pasado el presidente Iván Duque, en compañía de los ministros de Salud y de Justicia, anunció la resolución 227 para la reglamentación del uso industrial de la marihuana medicinal. Esta decisión gubernamental, que se conecta con el decreto 811 del año pasado que regula la exportación de flor seca, establece los mecanismos y procedimientos para que el cannabis se pueda desarrollar en sectores como las bebidas, los textiles y los alimentos.
Esta resolución constituye sin duda un paso adelante en el camino hacia la consolidación del cannabis medicinal como una industria dinámica en Colombia. En los últimos seis años ha crecido el interés de inversionistas por desarrollar proyectos productivos tanto para uso nacional como para exportación a mercados internacionales, también crecientes ante la oleada de despenalización de la sustancia en muchas sociedades.
Un estudio de New Frontier Data estimó que en 2020 el mercado legal mundial de cannabis podría ascender a los 150 mil millones de dólares al año.
En el papel una economía como la colombiana tendría muchos aspectos a su favor para el surgimiento y fortalecimiento de un sector cultivador y exportador de cannabis. Condiciones de la geografía nacional, el marco legal existente, la existencia de una industria farmacéutica y de floricultura ya consolidadas, entre otros factores que identifica un informe de Fedesarrollo de 2019, pondrían al país en una ruta directa hacia el aprovechamiento de esta ‘bonanza verde’.
No obstante, la realidad ha sido otra. La experiencia de los empresarios de la marihuana medicinal en territorio colombiano ha estado llena de obstáculos y demoras. De acuerdo a ese mismo reporte, la industria de cannabis enfrenta una multiplicidad de retos desde el difícil acceso a los servicios financieros hasta la relativa lentitud del Estado en la provisión de los marcos de acción -que ambas decisiones corrigen un poco- pasando por la necesidad de agilizar las exportaciones, por ejemplo, de flor seca.
El potencial de este producto -que aún tiene la estigmatización como sustancia sicoactiva- sigue vigente. De acuerdo a cifras de ProColombia en 2020, en medio de la pandemia de la covid-19, las exportaciones de cannabis aumentaron hasta alcanzar los 5,2 millones de dólares.
Entre enero y agosto del año pasado el registro de las ventas externas marcaba unos 3,2 millones de dólares.
Según Asocolcanna la industria estaría avanzando hacia los 8 millones de dólares.
La puerta que abre la resolución recién anunciada por el Gobierno debe aprovecharse al máximo. Los usos del cannabis en estas ramas industriales, al igual que en construcción, bioplásticos y otros, constituyen una oportunidad para el fortalecimiento del sector y para el desarrollo de nuevos negocios. Escenarios contemplados en el informe de Fedesarrollo incluían la generación de más de 7.700 puestos de trabajo formales, entre otros beneficios económicos tangibles.
No sobra que el Gobierno Nacional revise esas demoras y críticas en los trámites y licencias que esgrimen muchos empresarios e inversionistas de cannabis así como termine de complementar el marco regulatorio para la exportación de la flor y para unas operaciones más fluidas de todos estos negocios. Avanzar en la reglamentación y facilitar el acceso a los créditos y servicios financieros son avances importantes que significan un impulso que no se debe dejar perder.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
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