Pasado mañana se cumple el primer aniversario de aquella tarde de tormenta en la Plaza de Bolívar de Bogotá, cuando Iván Duque tomó posesión como presidente. A juzgar por lo sucedido, podría decirse que los fuertes vientos y las nubes oscuras que enmarcaron la ceremonia, acabaron siendo el presagio adecuado de una administración a la cual no le han faltado los sobresaltos.
Buena parte de los desafíos del actual Gobierno tienen que ver con la economía. La estrechez fiscal es una camisa de fuerza que viene desde el desplome de los precios del petróleo y los ingresos estatales se vieron afectados. Frente a lo que se planteaba en la época de campaña, la Casa de Nariño se dio cuenta muy pronto de que no tenía margen de maniobra.
La salida inicial consistió en lograr la aprobación de un presupuesto que incorporaba algunas de las prioridades del equipo entrante, pero requería una ley de financiamiento para cuadrar las cuentas. En consecuencia, el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto que buscaba redistribuir las cargas y cuyo plato fuerte era una unificación de la tarifa del IVA, junto con un esquema de devolución del gravamen a los colombianos de menos recursos.
A pesar de ser audaz y técnicamente viable, la idea cayó mal entre el público. Dada la fragilidad de la coalición que apoya al Ejecutivo en el Congreso y la negativa del primero a seguir las prácticas usuales de “aceitar” la maquinaria con partidas y puestos, el desenlace dejó mucho que desear. Al final de cuentas los parlamentarios aprobaron un texto que disminuye la tributación de las personas jurídicas, con el riesgo de que los recaudos se caigan del 2020 hacia adelante.
Un proceso similar tuvo lugar en la discusión de unos meses más tarde, con ocasión del debate a la ley que acoge el plan de desarrollo presentado por Duque, cuyas metas son ambiciosas tanto en términos de crecimiento como de mejora en los indicadores sociales. En el transcurso del debate aparecieron artículos de toda índole, incluyendo varios de dudosa factura.
La votación favorable de ambos articulados fue, a la vez, un triunfo y una derrota para la administración. Desde el punto de vista formal, ésta logró sacar adelante dos propuestas clave, con lo cual se anotó éxitos legislativos que demuestran que no está maniatada del todo en el Capitolio. No obstante, en más de una ocasión los legisladores impusieron su voluntad, abriéndoles la puerta a las medidas populistas o a los intereses particulares.
En otros ámbitos, el balance también es agridulce. La economía anda por un carril de velocidad moderada, como lo demostró la evolución del Producto Interno Bruto en el primer trimestre del 2019. La expectativa es que en esta segunda mitad del año se presente una aceleración, pero es improbable que el objetivo oficial de 3,6 por ciento de expansión se cumpla.
No hay duda de que el entorno internacional tiene una cuota de responsabilidad. La guerra comercial y la volatilidad en los mercados financieros nos afectan. Aun así, en el frente interno la confianza de los consumidores volvió a terreno negativo, a pesar de que comerciantes e industriales son optimistas.
Tanto las encuestas como las estadísticas muestras que el desempleo es el desafío más complejo. La caída en el número de personas ocupadas sugiere que no hay tanto un problema de oferta laboral, como de demanda de mano de obra. Si a lo anterior se le agregan las presiones de la migración venezolana, el dolor de cabeza crece.
Debido a ello, los obstáculos que enfrenta Iván Duque al comenzar su segundo año no son fáciles. Para que las cosas le salgan bien, requiere que la inversión empresarial responda a los estímulos fiscales y cree un círculo virtuoso de empleo y oportunidades. La validez de la apuesta se verá en los meses que vienen.