La renuncia de José Antonio Ocampo como codirector de la Junta Directiva del Banco de la República ha disparado algunas voces de alerta sobre la independencia del Emisor frente al gobierno de Iván Duque.
El año pasado la salida de Ocampo se sumó a la renuncia de otro miembro de la junta, Juan Pablo Zárate, quien anticipó su retiro para ocupar el viceministerio técnico del Ministerio de Hacienda. Estas dos decisiones abrieron la puerta al presidente Duque para el nombramiento de dos nuevos codirectores, Roberto Steiner y Arturo José Galindo.
El hecho de que Zárate haya pasado de la junta directiva del Emisor a ser el segundo del ministro de Hacienda ha sido interpretado por críticos como una estrategia de “enroque”. Según estas interpretaciones, el actual jefe de las finanzas, Alberto Carrasquilla, terminaría ocupando la gerencia del Banco a partir de 2021 y se convertiría así en el “dueño” de la junta al haber postulado a varios de sus miembros.
El momento para elevar estas advertencias no podía contrastar más con la situación actual del Banco de la República. En 2019 el Emisor le dejó al Estado una cifra récord de 7,2 billones de pesos en utilidades que contribuye a las finanzas públicas y, junto a otras medidas, al cumplimiento de la regla fiscal.
En materia tanto del control de la inflación como de las tasas de interés el desempeño del banco central ha sido positivo. La economía colombiana ha experimentado muchos años de inflación estable bajo el diseño institucional de la Constitución de 1991 que le otorgó un mayor grado de independencia al Banco de la República.
La estabilidad ha marcado asimismo el reciente manejo de las tasas de interés. Han sido más de 20 meses consecutivos que la Junta del Banco ha mantenido el 4,25 por ciento, generando tranquilidad a los actores económicos.
La independencia del Banco de la República frente al poder Ejecutivo es uno de los activos institucionales más preciados para la política económica del país. No sólo ayuda a mantener la capacidad técnica de la entidad a cargo de aspectos tan cruciales para la economía como controlar la inflación y la estabilidad financiera sino también la blinda de las consecuencias de la politización.
Por esa razón cualquier amenaza real y tangible a este diseño institucional debe ser atendida de inmediato para la preservación de este valioso activo.
No obstante, este diseño institucional de la Carta de 1991 ha demostrado tanto alta resiliencia como gran capacidad de adaptación. Si bien la intención original de la Constitución era limitar la capacidad presidencial de nombrar la mayoría de los miembros de la junta, la realidad ha sido que la mayoría de mandatarios han podido saltarse esa restricción. Lo anterior ha sucedido tanto por las renuncias anticipadas de los codirectores- como pasó en 2019- como por la introducción de la reelección presidencial en 2006.
Aún en medio de mandatarios reelegidos, que nombraron muchos más codirectores que lo previsto por el arreglo institucional original, la independencia de la Junta Directiva del Emisor ha resistido los embates políticos. Mucho de esto se ha debido a las capacidades profesionales y técnicas de los miembros seleccionados por los distintos presidentes quienes, a su vez, han apostado por enviar una señal a la economía de respeto a la autonomía.
Los perfiles de los codirectores del Banco de la República, actuales y pasados, han constituido la mejor garantía de la independencia de esta institución frente a los caprichos del mandatario de turno. Además, el Emisor ha sido constantemente un actor transparente que ha comunicado sus decisiones al público y cuyos procesos de decisión están orientados a proteger esa independencia.
Francisco Miranda Hamburger
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