Ayer el Dane publicó el informe de las cuentas departamentales correspondientes al año pasado que recoge el desempeño económico de los 32 departamentos y el Distrito Capital. Sin mayores sorpresas, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca no solo encabezan el listado de las entidades territoriales con mayor producción, sino que concentran el 54,8 por ciento del PIB nacional. Al sumarles los siguientes dos departamentos están dos tercios de toda la economía colombiana.
En términos de crecimiento, el país registró un aumento del 7,3 por ciento del PIB en 2022 mientras que solo 9 de las 33 unidades administrativas reportaron tasas mayores al promedio nacional. En 13 departamentos un período de reactivación de la economía como el del año pasado sólo alcanzó para crecer hasta un 5 por ciento. Las dinámicas del comercio, así como la recuperación dinámica de las actividades artísticas y de entretenimiento, jalonaron prácticamente todo el territorio colombiano.
Esta geografía de la producción y el crecimiento ratifica las preocupantes brechas regionales que separan a los polos de desarrollo de una mayoría de regiones con alarmantes señales de rezago. Estas diferencias territoriales, si bien surgen de diferencias económicas e incluso de las condiciones geográficas y climáticas, se han trasladado a las infraestructuras físicas y sociales, la presencia de las instituciones gubernamentales y las capacidades productivas de sus habitantes y empresas.
Una de las ventajas de la descentralización, al menos en teoría, sería la posibilidad que tendrían los departamentos y las regiones del país para, por medio de sus liderazgos políticos y económicos, identificar, determinar y desarrollar sus distintas vocaciones productivas. De hecho, una de las dificultades que las industrias extractivas han enfrentado en Colombia es que, a diferencia de otros países, las regiones petroleras y mineras están lejos hoy de presentar un caso de éxito en cuanto a desarrollo regional integral se refiere.
Por otro lado, el recientemente sancionado Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la administración Petro puso sobre la mesa esta discusión de las desigualdades territoriales en uno de sus ejes: el de la convergencia regional. Aunque el Gobierno enfocó el tema alrededor de que “no es posible que territorios tan ricos tengan poblaciones tan pobres”, el DNP y su director, Jorge Iván González, enfatizó asimismo en la necesidad de abordar ambiciosos proyectos de impacto y corte regional que superaran la lógica de la fragmentación de presupuestos y de metas.
Precisamente la estrategia de reducir los índices de pobreza monetaria y multidimensional en los territorios debería concentrar muchos de los esfuerzos de planeación e inversión bajo la nueva hoja de ruta del Plan de Desarrollo. Además, metas como la de 88 mil kilómetros de vías terciarias intervenidas o la caída de cinco puntos porcentuales en los hogares con déficit habitacional debe implementarse sin perder de vista su contribución a cerrar estas brechas regionales.
Pero sí hay un llamado del director de Planeación Nacional que debería atender el aparato ejecutivo del Gobierno es el de apostarle, también desde el Congreso de la República y las administraciones locales, a grandes proyectos regionales que se traduzcan en transformaciones tangibles en los territorios tanto sociales como económicas y productivas. Las necesidades y carencias son muchas, desde infraestructura básica hasta saneamiento y logística, pero el desafío está en ponerse de acuerdo en rendir los escasos recursos en apuestas que superen los municipios.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGUER
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda
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