En los últimos días comerciantes de varias localidades de Bogotá han venido protestando por la nueva ola de cuarentenas que ha implementado el Distrito Capital.
Las autoridades de varias ciudades del país han retornado a la opción de los confinamientos y otras restricciones como mecanismo para resistir la disparada de contagios y fallecidos del segundo pico de la pandemia.
No obstante, ha sido la administración bogotana una de las más estrictas en la aplicación de este instrumento, con brutales resultados sobre varios sectores económicos, y en especial el comercio.
Desde marzo pasado, la capital de la República suma alrededor de seis meses de cuarentenas de todos los tipos: generalizadas, por localidades y por unidades de planeación zonal (UPZ). Kennedy, por ejemplo, ha tenido seis confinamientos y Suba, cuatro. Todo esto lleva a la ciudad a andar a media marcha, no solo en su economía sino en otros aspectos de la vida urbana como el educativo, el social, y el laboral.
Si bien estas restricciones golpean a distintos sectores de la economía de Bogotá y de las otras capitales, los comerciantes experimentan de manera directa y sin amortiguadores el impacto económico de los cierres.
El informe del mercado laboral del Dane correspondiente al 2020 muestra que el comercio ha sido una de las actividades en las que la pandemia ha destruido más puestos de trabajo. El año pasado la crisis del coronavirus se tradujo en la disminución de casi medio millón de ocupados en el comercio y otros 265 mil en alojamientos y servicios de comida en la economía colombiana.
Una encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá reportó que el 67 por ciento de las empresas en la capital habían sufrido una caída en ventas por las restricciones de enero. Un análisis de la misma entidad calcula que las cuarentenas de las UPZ- en vigencia hasta el 12 de febrero- impactarán a unas 53 mil empresas. Muchos de estos establecimientos pertenecen a la rama de actividades comerciales.
Las protestas en la ciudad no se limitan al comercio formal. Vendedores ambulantes se manifestaron el fin de semana contra las restricciones. Uno de ellos incluso tuvo un publicitado choque con la Policía por ocupar la ciclorruta en la que él mismo tumbó su carro de comidas.
No se trata de desconocer la necesidad de impones restricciones en Bogotá y las otras ciudades para bajar la presión a las UCIs, sino de encontrar fórmulas más flexibles tanto para el comercio formal como ayudas a los informales.
Si el 2021 será un año en que vacunación y coronavirus tendrán una carrera contrarreloj, los gobiernos Nacional y locales necesitan brindar a los comerciantes salidas sensibles para la supervivencia de sus negocios.
Asimismo vendedores ambulantes y otros informales requieren de medidas de protección social para impedir un deterioro peor de sus condiciones de ingreso, salud y bienestar.
De hecho, han brillado por su ausencia abordajes audaces que hagan eco de la invitación de algunos teóricos del desarrollo a convertir la división entre formal e informal en un continuo. Es decir, diseñar intervenciones que conecten informalidad con formalidad y que ofrezcan alternativas distintas a la ilegalidad.
Encontrar fórmulas flexibles a las restricciones es urgente ya que el comercio formal es un componente crucial de la economía capitalina y del resto de las ciudades del país.
No solo genera empleo -en especial a las mujeres- sino también paga impuestos urbanos, arriendos y es un movilizador de recursos locales.
Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
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