La reunión sostenida el martes pasado, entre los integrantes del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y el presidente Gustavo Petro, acabó dando lugar a un inesperado debate relacionado con la economía. Este partió de la afirmación del mandatario respecto a que no existen recursos identificados para reparar monetariamente a los cerca de 10 millones de colombianos afectados por la violencia desde 1985.
Según los cálculos oficiales, la aplicación de leyes y normas de diverso orden dejan como saldo un pasivo no reconocido en las cuentas fiscales de $301 billones, que equivalen a casi a una cuarta parte del Producto Interno Bruto. Más allá de la intención gubernamental de modernizar la Ley 1448 de 2011, los montos asignados en el Presupuesto Nacional son cercanos en 2023 a 2,5 billones de pesos, lo cual implica que a ese ritmo los giros tomarían 125 años en completarse. Aunque sin duda, y como bien lo señaló el jefe del Estado, el país debería hacer una reflexión sincera con la intención de llegar a un acuerdo nacional sobre lo que es viable y lo que no frente a un objetivo loable, eso es muy distinto a poner sobre la mesa ideas que tienen mucho de ancho y de largo. En particular, de lo que se trata es de plantear soluciones que no deriven en problemas de otra índole y, especialmente, que pongan en entredicho la estabilidad económica.
Así sucedería en caso de poner en práctica lo que el propio Petro identificó como el único camino para salir del impasse de responder a las expectativas creadas, aunque aclaró que “lo dejo como punto de discusión”. En concreto, la afirmación textual fue: “que la emisión que hace el Banco de la República, rutinariamente, en vez de ir a los bancos debería ir -en bonos- para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia”.
Presumiblemente el planteamiento está relacionado con las operaciones de mercado abierto que hace el Emisor para regular la oferta monetaria o de los mecanismos para generarle liquidez temporal a las instituciones financieras mediante acuerdos de retroventa de papeles oficiales. Sea como sea, ninguno de estos esquemas se asemeja a la iniciativa en borrador de la Casa de Nariño.
Un corto video del actual gerente del Banco de la República, que fuera grabado hace un año largo, pone los puntos sobre las íes. Más allá de que es verdad que las normas contemplan la posibilidad de un crédito directo del Emisor a la Nación, este requiere una decisión con el voto unánime de las siete personas que integran la junta directiva de la entidad.
Dicho escenario está planteado para casos realmente extremos que rayan en lo hipotético, como un cierre casi absoluto de los mercados de crédito locales e internacionales, algo que dista de ser el caso actual. Abrir esa puerta traería costos enormes en materia de credibilidad de la política económica y pondría a Colombia a la par de naciones latinoamericanas que vieron cómo se disparaba la inflación y caía la inversión productiva, afectando el bienestar general.
Quienes redactaron la constitución de 1991 optaron por la sana división de objetivos en la política monetaria y la política fiscal, para precisamente evitar las malas prácticas.
Sería, por lo tanto, un craso error intentar ir en contravía del trasfondo de la Carta del 91. No está de más recordar el refrán según el cual “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”.
Hace algo más de un año se dio a conocer el programa de Gobierno de los entonces candidatos Gustavo Petro y Francia Márquez. Este, en su página 21, dice que “se tendrá un diálogo permanente con el Banco de la República respetando su real independencia”. Sólo basta atenerse a lo escrito. Ni más ni menos.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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