Este domingo casi 33 millones de colombianos están convocados a las urnas para elegir a los mandatarios locales y regionales para los próximos cuatro años: 32 gobernadores, 1.102 alcaldes (incluido el de Bogotá), 418 diputados a las asambleas, 12.065 concejales y 6.700 ediles, serán escogidos para manejar y vigilar las riendas de sus administraciones. A diferencia de los comicios presidenciales, estas elecciones no solo reflejan mejor la diversidad política del país, sino que son más susceptibles de replicar prácticas clientelistas y corruptas.
Entidades como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ONG como la Misión de Observación Electoral (MOE) han advertido sobre las amenazas que se ciernen sobre este ejercicio democrático. Uno de los delitos contra las elecciones más extendido es el de la trashumancia. El trasteo de votos este año fue atacado de manera decidida por las autoridades electorales, al anular más de un millón y medio de inscripciones en todo el país.
No obstante, crasos errores cometidos por el CNE en este proceso generaron protestas de muchos ciudadanos inocentes, que, sin haber incurrido en esa práctica, recibieron la notificación de la anulación. Lamentablemente un necesario esfuerzo institucional no solo terminó deslegitimado, sino que produjo confusiones en el electorado y puso un manto de incertidumbre.
El CNE ha protagonizado varias polémicas en esta temporada electoral, de las que no ha salido bien librado. El anuncio de investigaciones a distintos medios de comunicación y a las principales firmas encuestadoras por la publicación de sondeos, apuntó directamente a la libertad de expresión, que, por fortuna, no pasó a mayores. La obligación de las autoridades electorales de vigilar y regular los contenidos de los sondeos y de los reportes noticiosos no está en duda, en la medida en que no atenten contra el derecho de los ciudadanos a informarse. La otra discusión fue alrededor de la circular que obligaba a los medios a invitar a todos los aspirantes a los debates. Esa camisa de fuerza era un camino directo a la censura, ya que restringía la decisión editorial de los canales y las emisoras en sus convocatorias.
Por los lados de la MOE, los mapas electorales que ha publicado muestran una preocupante realidad: en 204 municipios del país confluyen factores de riesgo electoral, debido al fraude y la violencia. La mayor diferencia con los pasados comicios locales de 2011 es que hoy los riesgos no se presentan en regiones, sino que se concentran en nodos específicos de municipios. Incluso, en ciudades como Bogotá, donde el voto de opinión es mayor, surgen delitos electorales que atentan contra la libertad del ciudadano.
A dos días de esta cita democrática es posible afirmar que las elecciones del 2015 no estuvieron marcadas por la agenda de paz. Los colombianos que asistirán a las urnas depositarán su voto más movidos por las dinámicas locales que para ratificar tendencias nacionales. A diferencia del 2014, que se convirtió en un plebiscito nacional por las negociaciones de paz en La Habana, este 25 de octubre las campañas y promesas se concentraron en las realidades de cada región. Esto, a pesar de que serán precisamente estos nuevos alcaldes y gobernadores los encargados de traducir la implementación de los eventuales acuerdos de paz en sus respectivas jurisdicciones.
Como es tradicional, estos comicios son una oportunidad para que los futuros aspirantes a la Casa de Nariño compitan por ubicarse mejor para la contienda del 2018. La fragmentación de la coalición de Unidad Nacional –‘la U’, Cambio Radical y el liberalismo– quedó en evidencia en la campaña y seguramente llegarán cada uno por su cuenta a la próxima cita electoral. El Centro Democrático enfrenta el reto de repetir los resultados del año pasado, sin la organización partidista suficiente en las distintas regiones uribistas. La izquierda busca mantener el poder en la capital del país y fortalecer zonas en donde goza de apoyo como Nariño. Al igual que hace cuatro años, varios aspirantes por firmas persiguen joyas de la corona de estas elecciones en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.
La invitación es votar a conciencia, ya que los gobernantes locales tienen en sus manos las políticas públicas de mayor cercanía a la vida diaria de los ciudadanos.
Ricardo Ávila Pinto
@ravilapinto