Mientras en el campo de fútbol la selección argentina cosecha éxitos que le permiten llegar como una de las favoritas a la siguiente ronda del Mundial de Brasil, en los tribunales la historia es otra.
Así lo demuestra la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, en la cual desestimó el pedido de Buenos Aires de estudiar un fallo adoptado por un juez de Nueva York unos meses antes, que tiene a la nación austral y a un buen número de países con el ceño fruncido.
Para entender la historia, hay que remontarse a comienzos del presente siglo.
El 23 de diciembre del 2001, el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saa decretó desde la Casa Rosada el cese del pago de la deuda externa argentina –cercana a los 130.000 millones de dólares– durante la crisis del ‘corralito’, que se llevó buena parte de los ahorros de miles de personas.
El fin del modelo de convertibilidad del peso, causado por una falta crónica de divisas, arrastró también al Gobierno, que argumentó no contar con los recursos para atender sus obligaciones.
A partir de ese momento comenzó un largo ‘tire y afloje’ en el cual participaron diversas entidades multilaterales, además de los tenedores de bonos emitidos en diferentes puntos del globo.
Desde muy temprano, los rioplatenses señalaron que cualquier entendimiento tendría que incluir un recorte en las acreencias, fundamental para hacer viable una salida.
Así, en el 2005 se logró un acuerdo con los inversionistas en los papeles de deuda, el cual cobijó un monto nominal superior a los 81.000 millones de dólares.
El esquema se repitió en el 2010, esta vez por una suma de unos 20.000 millones de dólares. En términos prácticos, el 92 por ciento de quienes poseían tales títulos –no necesariamente sus compradores originales– aceptó un arreglo que comprendía un descuento cercano al 67 por ciento, con el fin de recibir parte del dinero.
No obstante, el 8 por ciento restante se negó a una solución. Dentro de esa línea dura se encontraban una serie de fondos privados –más conocidos como ‘fondos buitre’– cuya estrategia es la de adquirir el equivalente de una cartera de dudoso recaudo a una fracción de su valor nominal, con el fin de presionar su pago.
El esquema es de alto riesgo, pues no siempre las cosas funcionan, pero cuando hay humo blanco, la rentabilidad puede ser del 200 por ciento o más alta.
En este caso, firmas como NML Capital y Aurelius Capital, cercanas al millonario estadounidense Paul Singer, demandaron a Argentina con la petición de que se les cancelaran los 1.300 millones de dólares en bonos que poseen.
No era la primera vez que se intentaba un recurso en este sentido, pues hasta la fecha se han contabilizado una treintena de embargos -incluyendo el del buque escuela Libertad en un puerto de Ghana- orientados a presionar el pago.
Sin embargo, a diferencia de procesos previos, el juez neoyorquino falló en contra de la nación latinoamericana sin que los recursos interpuestos fueran aceptados.
Tras haberse agotado la última instancia, se abrió una senda llena de peligros.
Para comenzar, hay más procesos en curso en Europa por un valor facial de 6.151 millones de dólares que podrían costar más del triple, si se aplica la lógica vista por Estados Unidos.
Eso podría llevar a los argentinos a una nueva cesación de pagos y a la petición de que se congelen los activos que poseen en múltiples latitudes.
Igual de inquietante es que la interpretación legal mencionada les cerraría la puerta a arreglos de este tipo en el futuro. Cuando se tiene en cuenta que un buen número de países en dificultades ha hecho, en el pasado, uso de un mecanismo polémico, pero válido, que ha permitido la rebaja de miles de millones de dólares en acreencias, el resultado puede expresarse en términos de más miseria para mucha gente.
De ahí que el término de ‘buitres’ sea el apropiado para quienes vuelan sobre la miseria ajena.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
Twitter: @ravilapinto