Hace más de tres años, la Universidad de Ibagué y la Fundación Innovar realizaron el foro ‘Hacia una educación superior transformadora, incluyente y pertinente’.
El modelo para ofrecer esta educación, orientado a la adquisición de los conocimientos y ‘potencialidades’ que exige el siglo XXI (como la empleabilidad), ya está probado de una manera que permite duplicarlo y transferirlo a otras entidades que aspiren a servir a los más vulnerables.
Por supuesto, es bien diferente al de la educación a distancia con finalidades de lucro.
A partir de las proyecciones del Dane para el 2012, se puede calcular que el número de jóvenes del país entre los 17 y 21 años –edad correspondiente a la educación posecundaria– es de unos 4,3 millones de personas.
Aproximadamente tres millones de ellas, localizadas principalmente en la provincia y en las zonas marginales de las grandes ciudades, no están recibiendo una formación adecuada.
Adicionalmente, cinco millones de jóvenes entre los 22 y los 31 años ya superaron la edad correspondiente a la educación superior, y tampoco obtuvieron las competencias que demanda el siglo actual.
El reto, entonces, es potencializar a ocho millones de jóvenes para la vida en una sociedad moderna y participativa.
Desde la Constitución de 1991, que estableció entre las finalidades del Estado la justicia, la igualdad y el conocimiento, se han hecho muchas promesas tanto de parte del Ministerio de Educación y el Sena, como de las entidades de educación superior.
Pero la asignación de recursos y el desarrollo de nuevas instituciones se siguen dirigiendo a beneficiar a quienes habitan las capitales territoriales y han recibido una buena educación previa, siempre asociada con los recursos económicos familiares.
Se requiere pasar del ‘dicho al hecho’, y a los resultados. El Estado y las organizaciones de la sociedad civil (por ejemplo, las cajas de compensación familiar y las fundaciones empresariales) deben destinar a la financiación de la educación posecundaria en la provincia y en las zonas pobres, una suma per cápita semejante a la que hoy destina el fisco nacional a un estudiante en las universidades oficiales acreditadas.
Estas universidades pueden ser receptoras de esos nuevos recursos si se comprometen a apoyar, con programas adecuados, a los más vulnerables en los lugares en donde residen, y a la evaluación periódica y objetiva de los resultados.
El criterio para la asignación de recursos a la juventud debería ser: ‘de cada quien, según su capacidad, a cada quien, según su condición’.
La primera parte indica que los jóvenes más capaces –hoy usufructuarios de los beneficios que brinda el Estado– deben colaborar en la capacitación y formación de sus contemporáneos más vulnerables.
La segunda señala que los recursos del Estado deben dirigirse prioritariamente a aquellos que más necesitan y quieren aprovecharlos juiciosamente.
Síntomas de que se requiere coherencia entre las finalidades del Estado, sus políticas y el accionar de toda la sociedad colombiana (los videos y fotos de los protagonistas del vandalismo de las últimas y ominosas semanas de agosto del 2013).
Eduardo Aldana Valdés
Profesor universitario
