En alguna reunión de esas que hace la ONU para la lagartería internacional, el gobierno anterior anunció que Colombia se comprometía a reducir en 51% para 2030 de sus emisiones de CO2, el gas esencial para la vida de la vegetación. Esa promesa era inane, pues Colombia aporta apenas el 0,22% del CO2 producido por los humanos, pero esto no es grave, ya que ningún país cumple ni toma en serio ese tipo de compromisos.
Lo malo de esta ridícula promesa es su uso para justificar la introducción de normas destinadas a subsidiar la instalación de plantas de generación eléctrica partiendo de energía solar o eólica. Después de décadas en el mercado, estás dos fuentes de energía han logrado apenas un 7% de participación en la generación total mundial porque tienen tres pequeños inconvenientes: no son confiables, dañan el medio ambiente y son muy costosas.
Aparentemente, se presume que su falta de confiabilidad no es grave porque nuestro sistema de generación eléctrica es muy robusto; que sus efectos sobre el medio ambiente no son motivo de preocupación en un país en donde los ciudadanos, y particularmente los grupos ambientalistas, conviven felizmente con devastaciones como la ocasionada por la minería ilegal; y que los sobrecostos no importan porque los usuarios colombianos aguantan todo.
Y así, alegremente, con la promesa vinieron las normas. Entre ellas las Resoluciones 40715 de 2019 y 40060 de 2021, que disponen que, a partir de 2023, los comercializadores de Mercado de Energía Mayorista deben comprar de fuentes no convencionales (es decir, solares y eólicas) el 10% de la energía que destinen a atender usuarios finales del mercado regulado.
Estas joyas son de una ridiculez que raya en lo sublime, pues era absolutamente previsible que en un par de años Colombia no podría llevar la participación en el mercado colombiano de estas ineficientes formas de generación a un nivel tanto superior al que, tras décadas, habían logrado a nivel mundial.
De acuerdo con la Upme, las generadoras no convencionales aportaban apenas el 0,9% de la capacidad del sistema en agosto de 2022. Es absolutamente imposible que los locos requerimientos de estas resoluciones se cumplan en 2023, como es muy probable que, afortunadamente, tampoco se cumplan en varios años.
Alguien con alguna sensatez debe revisar estas normas. Y ojalá tenga piedad con los pobres usuarios, que son quienes finalmente pagarán estos caprichos.
Además de la inexorabilidad de la Ley de Murphy (“Si algo puede salir mal, saldrá mal”), este episodio ratifica la Ley de Weiler (“Nada es imposible para el que no tiene que hacerlo”) y la Ley de Green (“Todo es posible si usted no sabe de qué está hablando”).
Con respecto a esta última, el consejo para que los técnicos no vuelvan a embarrarla tanto es que, en la revisión que ineludiblemente deberán hacer, se apoyen en alguien más competente en el tema que ellos, como la señora Ministra de Minas y Energía.
EMILIO SARDI
Empresario
