Es justificada la angustia que sienten los colombianos ante el acelerado aumento de la inseguridad en las ciudades a lo largo y ancho de la geografía nacional. Como también lo es su creciente inconformidad con el actuar de las autoridades ante esta inseguridad desbordada. A medida que los ciudadanos se sienten cada vez más acorralados por los bandidos, aumenta su clamor por la ineficacia de la justicia y crece el reclamo porque los jueces dejan libres a los delincuentes que son capturados por la policía.
Lamentablemente, las soluciones que se proponen para esta plaga que está haciendo invivible al país –como crecer el pie de fuerza de la policía, aumentar la vigilancia o prohibir el parrillero– no atacan la raíz del problema, que es jurídico. Los torcidos comportamientos de algunos jueces y, en particular, de nuestras altas cortes explican el bajo concepto que la ciudadanía tiene de la justicia, pero esta vez la culpa no reside tanto en ellos como en las leyes que deben aplicar. Las normas que debieran respaldar a las autoridades en su defensa de la seguridad ciudadana, lejos de servir para este fin, propician su continuo deterioro. Literalmente, vivimos en un país donde la creciente inseguridad es fruto de la ley.
El problema nace, concretamente, de la Ley 890/04, mediante la cual se modificó y adicionó el Código Penal, y de la 906/04, que estableció el Código de Procedimiento Penal, conocido como la justicia oral. A los dos años de entrar en vigencia esas deplorables leyes, los crímenes denunciados se habían cuadruplicado, y no precisamente porque se hubieran cuadruplicado los delincuentes, sino porque empezaron a soltarlos tan pronto los capturaban. El índice de criminalidad no ha dejado de crecer desde entonces, y la situación se ha degenerado hasta el punto en que hoy casi el 40 por ciento de los capturados han sido arrestados entre dos y diez veces, superando en miles de casos más de 40 arrestos. Y lo peor es que, al darse cuenta de la impunidad que los protege, los delincuentes han ido incrementando progresivamente la gravedad de sus crímenes. ¡Hasta un violador de 500 niños ha sido liberado por las “garantías procesales”!
Este par de leyes, con sus casi veinte reformas, han generado el desorden, lentitud e ineficacia judicial que son fuente del caos y la impunidad que hoy vive Colombia. A ellas se les añaden los boquetes del sistema de responsabilidad penal de los adolescentes, regulado por la Ley 1098/06 o Código de Infancia y Adolescencia y sus reformas, y la crónica inexistencia de una política penitenciaria. No sorprende que, con un marco jurídico tan deleznable y perverso como el que tenemos, la crisis de inseguridad ciudadana se ahonde cada día más.
No se engañen. Mientras no se establezca en Colombia una política criminal que incluya un manejo carcelario serio y la modificación de las leyes 890/04, 906/04 y 1098/06 para que protejan a la sociedad y no a los bandidos, en las calles colombianas seguirán reinando la inseguridad y la impunidad. Y no serán ellas culpa de las autoridades, sino de las pésimas leyes que tenemos. Siendo este quizás el problema más serio que enfrentan los colombianos, harán bien los candidatos para las próximas elecciones, tanto de Congreso como presidencial, que propongan acciones que ataquen de fondo estas causas. Y los votantes deberán escogerlos con ese criterio.
