Es normal que por estos días de campañas electorales escuchemos a los candidatos de todos los bandos manifestar su decisión de luchar decididamente contra la corrupción, uno de los factores que más afectan el desempeño económico y la competitividad de nuestro país. En medio de la variedad de discursos hay de todo: retórica, populismo, lugares comunes y también propuestas serias. En este sentido, destaco lo expuesto por Iván Duque en su discurso de despedida del Senado para acabar con la mermelada.
En principio, esto puede sonar ingenuo. Sin embargo, leal a su estilo, Duque plantea cómo hacerlo para no quedarse en una idea vacía. Para llevarlo a cabo, su propuesta consiste en generar una reforma en el legislativo que permita a congresistas presentar, de manera pública, las necesidades de sus regiones y los proyectos necesarios para hacerles frente. En este sentido, se acabarían las visitas furtivas de congresistas a ministerios para gestionar y pedir recursos para proyectos regionales y que, en ocasiones, terminan en bolsillos privados, enriqueciendo a contratistas amigos de algunos senadores para luego financiar costosas campañas que dificultan en extremo la llegada de nuevos liderazgos al Legislativo, y, por lo tanto, se perpetúan en cargos de poder quienes alcanzan sus curules con maquinarias, burocracia y clientelismo.
Pero no solo se limita su propuesta a que los congresistas expongan públicamente sus proyectos de inversión, sino, además, que estas tengan que ser sometidas a votación en las plenarias, con el ánimo de examinar si dichos proyectos tienen el mérito y soporte técnico para resolver problemas locales y generar soluciones perdurables. Así, se daría fin a las inversiones inocuas y sin impacto social.
Si dicha reforma se lleva a cabo, la ganancia será para todos. El Congreso ganará en transparencia y en mejora de su imagen ante la ciudadanía, las regiones en cuanto a la pertinencia y efectividad en la inversión de recursos públicos; el Ejecutivo también se beneficiará, pues no estará sometido al intercambio de recursos por votos para la aprobación de sus iniciativas en el legislativo, igualmente los mandatarios locales, ya que se dará fin a la feria de contratistas elegidos por determinados parlamentarios para ejecutar los recursos conseguidos por ellos.
Con la exposición y votación pública de los proyectos regionales de los congresistas se pondrá punto final al llamado ‘computador de Palacio’, en e l cual altos funcionarios de presidencia otorgan recursos en mayor o menor medida a los congresistas de su preferencia. Con la propuesta de Duque, todos los parlamentario serán tratados por igual, incluso los de la oposición –como debe ser–, lo generará relaciones transparentes entre el Ejecutivo y el Legislativo, y dará mayor autonomía a este último, fortaleciendo así nuestro deteriorado sistema de pesos y contrapesos y recuperando algo de la confianza ciudadana en el Congreso. El fin de la mermelada es posible.