En abril del 2014 advertí que se hacía necesario rediseñar el modelo energético en Colombia, de forma que garantizara la confiabilidad del servicio, fomentara las energías renovables y permitiera rentabilizar las empresas actuales del sector bajo los nuevos escenarios. La crisis energética actual demuestra la enorme dependencia de nuestro país de la energía hidráulica de más del 60% de la oferta nacional, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad del cambio climático e impacto ambiental que vive el mundo.
Además, se viene dando un rechazo mundial y retroceso de las hidroeléctricas por sus daños ambientales irreversibles. Por ejemplo, Michelle Bachelet, en Chile, rechazó la construcción de cinco megacentrales en la Patagonia, como Hidroaysén y Castilla, y desde hace más de 25 años está prohibida la construcción de grandes hidroeléctricas en el Estado de California.
Las hidroeléctricas provocan pérdida de biodiversidad: daños en los ecosistemas ambientales ribereños, humedales, bosques, flora, fauna y hábitat naturales, degradando su productividad, la alteración de la calidad de las aguas, la desregulación irreversible de los flujos estacionales de los ríos, la obstrucción de corredores ecológicos y la degradación de las cuencas hidrográficas, modificando el clima y los patrones medioambientales en general.
Teniendo en cuenta los daños irreparables al medioambiente, la capacidad de las fuentes no convencionales de energía (Fnce) vienen en un ascenso vertiginoso en el globo. Dado esto, el gobierno emitió el Decreto 2143 del 2015 mediante el cual se establecen los lineamientos para la aplicación de incentivos fiscales y aduaneros para fomentar la inversión, investigación y desarrollo de estas tecnologías limpias para la producción de energía. Sin embargo, el país debe tomar mayor conciencia ambiental hacia el control de la demanda y la implementación de las energías renovables por el sector público y privado, reflexionar sobre cómo generarla y mejorar la regulación ambiental energética. Además, en la medida en que aumente la oferta de Fnce, se podría dar una reducción de precios al por mayor como ha sucedido en otros países, lo que sería un desastre para las empresas generadoras.
Las Fnce deberán tener prioridad en la matriz energética, lo que significa que la matriz tomará primero esta energía, y como la demanda fluctuará, los precios volátiles afectarían las utilidades del retorno regulado, poniendo en cuestionamiento el modelo energético actual. Esto llevaría a que las empresas se conviertan en generadoras de última instancia para soportar el sistema con una capacidad subutilizada.
Mi sugerencia es que el Gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, implemente un plan inmediato para que las empresas generadoras se coloquen en la punta del desarrollo para crear portafolios óptimos de fuentes de generación eléctrica. El auge de la generación sostenible llevará también a una descentralización de la generación eléctrica. Esto implica el desarrollo de cuantiosas inversiones en redes de transporte y transmisión en ese nuevo mapa de generación energética.
Este programa debe afectar y armonizar hacia arriba la matriz energética en Colombia para acercarnos a estándares internacionales y crear cambios ambientales significativos que generen menos costos, conflictos sociales, disminuya daños ambientales irreversibles y permita mejorar la confiabilidad del sistema y la competitividad de nuestras industrias.
Francisco Barnier González
Asesor financiero y banca de inversión
fbarnier@gmail.com
La crisis energética
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Francisco Barnier González
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