Francisco Barnier González
columnista

EPM y gobierno corporativo

Hoy lo esencial para los antioqueños es proteger su joya de empresa envidiada por muchos.

Francisco Barnier González
POR:
Francisco Barnier González
septiembre 01 de 2020
2020-09-01 10:41 p. m.
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El papel del Estado en empresas públicas debería comportarse como un accionista privado que rentabiliza sus inversiones pero atiende el interés general. A través de los años EPM ha fortalecido esta cultura empresarial y a pesar de su carácter público, el Municipio de Medellín, le dio autonomía para consolidar las políticas de gobierno corporativo y responsabilidad social dentro de la alianza de gobernabilidad que desarrolló con el sector empresarial de Antioquia.

La cifras hablan por sí solas. El Grupo EPM se ubica como la segunda empresa más importante del país, primer distribuidor de energía eléctrica con 25% de participación y primera de servicios públicos en América Latina. Durante el 2019, EPM tuvo un crecimiento en sus ingresos del 12% para alcanzar $18.4 billones, su Ebitda aumenta 17% a $6 billones y utilidad neta en 31% para ubicarse en $3,2 billones. EPM participa con más del 20% del presupuesto de la ciudad de $6,2 billones, recursos que representaron el 40% de sus utilidades, política estable de dividendos que permite la expansión permanente de la compañía.

La intervención mayor del propietario de EPM, en cabeza del alcalde Quintero, ha sido contraria a lo establecido en el Convenio de Gobernabilidad de actuar exclusivamente a través de su Junta Directiva. Primero fue un proyecto llevado al Concejo de Medellín, aún no aprobado, para modificar el objeto social e incluir una infinidad de actividades, algunas exóticas como distritos de riego, servicios de corresponsal de seguros o servicios turísticos.

Desde el punto de vista estratégico, la diversificación no relacionada es peligrosa pues desvía recursos fuera del foco del negocio y la experiencia demuestra que puede parecer interesante sobre el papel pero se convierte a menudo en fracasos catastróficos por muchas razones. Esta posible diversificación –mal vista por inversionistas y calificadoras– es más grave que el siniestro de Hidroituango, puesto que las empresas pueden sobrellevar errores tácticos como el acontecido pero no estratégicos que son los que destruyen a las empresas.

Pero lo que colma la copa es la pretendida demanda de $9,9 billones sin consultar con la Junta Directiva. El costo total de Hidroituango de USD$3.400 millones, presenta un aumento de USD$1.500 millones frente al presupuesto original. Sin embargo, este impacto financiero del proyecto se mitiga puesto que la aseguradora anunció que las causas de los daños serían cubiertos por la póliza y EPM recibiría USD$1.100 millones de su seguro entre 2019 y 2022 como asume el informe de Fitch Ratings.

Ya el Alcalde se pegó un tiro en el pie puesto que la demanda puede resultar en mayores retrasos en las obras y en la salida de los primeros 300 MW como otros sobrecostos emergentes que debilitarían la liquidez de la compañía. Además del deterioro del gobierno corporativo, el costo de la deuda futura se incrementará y perjudicó a muchos colombianos con la pérdida que produjo en bonos que detentan en las AFP por $3.0 billones. Hoy lo esencial para los antioqueños es proteger su joya de empresa envidiada por muchos.

Francisco Barnier González
Director Asociado de IMCI+ Group Banca de Inversión

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