El problema de corrupción en Colombia es de una profundidad colosal en las tres ramas del poder público. Además, este fenómeno no solo afecta la institucionalidad del Estado, sino que genera detrimento a los recursos de la nación, a la competitividad, y viola derechos fundamentales al devorarse recursos de salud, educación, atención de la niñez, entre otros. Y es que en el país poco se investiga la corrupción, si no es por Estados Unidos, no se destapan los temas de las cortes y Odebrecht.
En el artículo ‘¿Son los CEO menos éticos que en el pasado?’, publicado en la revista Strategy + Business de PwC (Agosto de 2017), dirigentes y miembros de juntas directivas están siendo cada vez más responsabilizados, incluso personalmente, por los problemas éticos que ocurren en cualquier parte de su empresa. En muchos casos, lo hemos visto, líderes de las ramas del poder público en Colombia nunca terminan siendo culpables o responsables. Siempre existe el yo no fui, “lo hicieron a mis espaldas” o “hagan lo que quieran, pero no me cuenten”, con tal de alcanzar la meta propuesta.
El artículo analiza las investigaciones desarrolladas por el sociólogo David Cressey, en donde su ‘Triángulo del Fraude’ identifica los tres elementos necesarios para la concepción del fraude como son la presión, la oportunidad y la racionalización.
El primer elemento es asegurar que la organización no cree presiones que influencien a los empleados y/o funcionarios a actuar de forma antiética; el segundo, que los procesos y controles financieros de cada empresa minimicen las oportunidades para prevenir el mal comportamiento, y el tercero, previene a los funcionarios para no hallar formas, de manera racional, para quebrar las reglas.
Dentro del ecosistema de comportamiento ético, una de las causas para que los funcionarios se embarquen en actos ilegales o antiéticos están las influencias de la compañía o externas. Una de ellas es la presión financiera, que a veces se asume, es la más importante. Pero, de hecho, las presiones sociales crean más problemas como, en una campaña presidencial para ganar una elección por encima de todas las cosas.
También, los débiles procesos en las entidades, desde el sistema de selección, los procesos internos o la existencia de controles financieros laxos crean oportunidades para el comportamiento antiético.
Finalmente, los funcionarios que quiebran las reglas, están convencidos de que sus acciones son justificables, este es el proceso llamado ‘racionalización’. En muchos casos, el funcionario cree que no tiene otra alternativa o que puede perder su empleo, influencia o poder en el Gobierno en cuestión. En otros casos, incluso, el funcionario está convencido de que su conducta no es equivocada y que se justifica para alcanzar la causa que quiere lograr, es decir que el fin justifica los medios, así estos sean corruptos o ilegales.
Todas las organizaciones públicas o privadas pueden contar con mejores prácticas para construir una cultura de integridad mediante el estilo de liderazgo correcto, políticas de puertas abiertas y estructuras adecuadas; procesos fuertes que tengan en cuenta el perfil de riesgo de la organización, e inculcar la toma de decisiones individuales, de forma ética, mediante permanente comunicación, en las cuales las acciones sean coherentes con la palabra. Todo es decisión de implementarlas.
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