A finales de la semana pasada el Gobierno Nacional anunció el plan de austeridad del gasto para las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación durante 2021. El decreto 371 del pasado 8 de abril establece limitaciones o recortes en múltiples frentes de las operaciones del Ejecutivo.
Se racionalizarán el reconocimiento y pago de horas extras, los funcionarios volarán en clase económica y se dará prelación a encuentros y eventos virtuales.
Otros apartes buscan la reducción en el pago de viáticos, esquemas de seguridad, compra de vehículos oficiales, contratos de publicidad estatal con propaganda personalizada, papelería y telefonía, condecoraciones, regalos corporativos, cambios de sedes y mantenimiento de inmuebles.
A pesar de esta amplia gama de rubros -muchos cobijados dentro de un similar plan de austeridad decretado para el año pasado- el plan alcanzaría, en el mejor de los escenarios, un ahorro aproximado del medio billón de pesos. En comparación, el hueco fiscal que el Ministerio de Hacienda contempla para el 2021 llegaría a un 8,6 por ciento del PIB, alrededor de 94 billones de pesos.
Ni este plan de austeridad ni otras propuestas como la eliminación de entidades y la reducción de instituciones como el Congreso de la República harían mayor mella en el histórico déficit que está dejando la crisis de la pandemia.
Corficolombiana calculó en 0,8 billones de pesos el ahorro que significaría la eliminación de consejerías, tres ministerios y la reducción a la mitad de los congresistas. La propuesta de reforma tributaria del Gobierno recaudaría unos 26 billones de pesos.
No obstante, la carga simbólica de que el Gobierno Nacional efectivamente ahorre es importante para el mensaje de contribución de todos los actores sociales y económicos para salir de la crisis.
Para ello, este plan debería ser más estricto y mejor comunicado que los de años anteriores. Queda pendiente la discusión estructural sobre el gasto estatal y su eficiencia, que va más allá de estos recortes.