Solo el título de esta nota refleja los tiempos tan extraordinarios que Colombia atraviesa con la pandemia del coronavirus. Mientras el país experimenta una histórica cuarentena nacional, el Congreso de la República tiene sus sesiones suspendidas hasta el 13 de abril y sin una claridad jurídica sobre la legalidad de su potencial funcionamiento virtual.
La razón para la parálisis de uno de los poderes públicos es sanitaria: una sesión del Senado o de la Cámara de Representantes constituiría una aglomeración de personas, no recomendable ante el riesgo de contagios.
A pesar de que el presidente Iván Duque emitió un decreto que autoriza a las cámaras legislativas a sesionar, hay un debate interno dentro del Parlamento sobre la constitucionalidad no sólo de las eventuales sesiones sino de las decisiones que se tomen en éstas.
Si bien varias comisiones ya están convocando audiencias y sesiones virtuales, no es un asunto menor la definición de la legalidad de la radicación, debate y aprobación de los proyectos de ley. Algunos parlamentarios proponen sesionar solo para control político, que sería más fácil en el uso de las herramientas de teleconferencia. No obstante, el Legislativo debería ejercer la totalidad de sus funciones constitucionales.
Este jueves el presidente del Senado, Lidio García, informó que el periodo de sesiones se instalaría de manera presencial el próximo 13 de abril. El propio senador García reconoce que es “una irresponsabilidad hacerlo porque es un riesgo tremendo”. Pero parece ser la única fórmula para superar el dilema jurídico.
Más allá de si el Ejecutivo goza hoy de mayorías para aprobar algunas iniciativas o no, el Congreso de la República es necesario e imprescindible para la democracia. En especial en momentos de emergencia social y económica. Proyectos con impacto económico como la reglamentación de las regalías y otros de origen parlamentario deben ser discutidos así como otras iniciativas que el Gobierno necesite para combatir la pandemia.
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