Sin haber siquiera publicado los textos definitivos de las reformas laboral, pensional y de salud, el presidente de la República, Gustavo Petro, ya invitó a “las fuerzas del gobierno del cambio” a discutirlas “en las calles”.
En un trino publicado la semana pasada en su cuenta de Twitter el primer mandatario incluso definió dos fechas para la convocatoria de 'acompañarme en la plaza pública este 14 de febrero y el 1 de mayo'.
Más allá de la necesidad de que el Gobierno Nacional destape los proyectos de las reformas a presentarse -de no hacerlo, ¿qué exactamente estarían defendiendo los miles de manifestantes que saldrán a marchar en febrero?-, estos llamados presidenciales empiezan a configurar la estrategia de la Casa de Nariño para la aprobación de estas iniciativas.
Y se percibe que, dentro de esta hoja de ruta, lo de menos es el camino de las instituciones y los espacios para la concertación.
En primer lugar, la limitada socialización de los textos en estos tres frentes de cambio -laboral, pensional y sector salud- ha impedido una amplia y comprehensiva discusión con profundos impactos para la sociedad colombiana en el futuro.
De hecho, la administración Petro podría tomarse más tiempo en finiquitar los delicados detalles de las iniciativas y en ponderar los escenarios de política pública y sus costos.
Pero, en especial, en crear espacios con los grupos sociales que tocan sus propuestas de transformación.
Contrario a lo anterior, en el caso de la salud, ya se está buscando “apoyo” internacional con embajadas y la Organización Mundial de la Salud, y ya se están haciendo convocatorias a manifestaciones callejeras de defensa.
Más aún, hace pocos días, los actores del sector sanitario en el país -gremios como Acemi y Afidro, organizaciones de pacientes y centros académicos- pidieron públicamente al Gobierno 'permitir y promover una conversación que asegure que cualquier reforma sea viable y sostenible', y reiteraron disposición al diálogo social.
Segundo, invitar a “discutir en las calles” ignora flagrantemente, o en el mejor de los casos desplaza, el lugar que el ordenamiento democrático colombiano ha diseñado para definir reformas sociales y económicas de esta naturaleza: el Congreso de la República.
Causa curiosidad que, aún con las mayorías aplanadoras con las que Petro controla el poder Legislativo y que incluyen partidos como los liberales, conservadores y La U, la Casa de Nariño apueste más a las demostraciones callejeras que al confiable trámite parlamentario.
Por más desprestigiado y disciplinado a favor del Ejecutivo que hoy esté el parlamento, en su recinto, sus comisiones y sus reglas está depositada la hoja de ruta institucional para que el Estado colombiano dé vía libre a cambios en su sistema pensional, su régimen de salud y su normatividad sobre el mercado laboral.
Queda la esperanza, quizás ingenua, de que los congresistas comprendan el rol que sus electores les otorgaron con sus votos y recuperen esta discusión crucial para el país de las calles y la retornen a los espacios de nuestro sistema democrático, que incorporan la necesidad de concertar y encontrar puntos medios.
En tercer lugar, este llamado petrista desconoce que los ciudadanos que no pertenecen a las 'fuerzas del gobierno del cambio', merecen contar con todos los elementos posibles para comprender las decisiones que impactarán el servicio de salud que recibirán, la protección en la vejez que ahorrarán y las reglas para trabajar en nuestra economía.
Y a este colectivo social pertenecen también las empresas, los expertos académicos, los trabajadores, las ONGs y demás asociaciones y otros grupos preocupados por estos temas públicos. ¿ Será así cómo se debata el ‘cambio’?
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda
