El Gobierno y la industria de alimentos y bebidas presentaron hace pocos días en la Casa de Nariño las nuevas condiciones para el etiquetado de sus productos. El modelo de regulación tiene como objetivo brindarle al consumidor la información nutricional de manera clara para su toma de decisiones de consumo.
Las medidas, que empezarán a regir con obligatoriedad a partir de noviembre de 2022, incluyen un sello frontal de advertencia para los productos altos en azúcares, sodio y grasas saturadas. La propuesta también contempla cambios en la tabla nutricional que la hagan más simple y de mejor lectura.
Esta decisión que el gobierno Duque anunció es un importante avance en el camino para que los colombianos puedan tomar decisiones mejor informadas sobre los alimentos y bebidas que consumen. Las estadísticas oficiales de la Encuesta de Situación Nutricional de Colombia (Ensin) de 2015 reportó que en el grupo de personas entre 18 y 64 años el 37 por ciento sufren sobrepeso mientras que aproximadamente uno de cada cinco es obeso.
Estas condiciones de obesidad y sobrepeso de muchos ciudadanos son una crisis de salud pública ya que generan enfermedades graves como la diabetes y problemas coronarios, entre otros. Es justo asimismo, decir que las etiquetas frontales por sí solas no derrotarán los problemas de peso en los colombianos. Se requerirá un abanico extenso de medidas que incorporen tanto mejor información y pedagogía nutricional como cambios drásticos de hábitos y prevención.
Tienen razón algunas ONGs al pedir que se agilice el plazo para adoptar de manera definitiva estas medidas. El esfuerzo de las industrias en acelerar la transición a las nuevas etiquetas en sus productos puede sintonizarse con la participación de estas organizaciones de la sociedad civil en las siguientes etapas del proceso. Lo primordial es que los adultos tengan más información para decidir su consumo y que los menores sean protegidos de los malos hábitos alimenticios.
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