El artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque estableció la creación de un “piso mínimo de protección social”. Esta medida busca brindar un mínimo de garantías de seguridad social a los trabajadores que ganan mensualmente menos de un salario mínimo.
El decreto 1174 del pasado 27 de agosto reglamenta esta iniciativa de la ley del Plan y constituye un positivo avance en materia de acceso a salud subsidiada, a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) como mecanismo de protección de la vejez y un seguro inclusivo contra riesgos de la actividad laboral.
En una economía con una informalidad laboral alrededor del 50 por ciento y un sistema pensional profundamente inequitativo, este Piso Mínimo de Protección Social es bienvenido. Las razones son varias. Primero, es una herramienta de integración de un bloque grande de trabajadores que hoy no cuentan con algunos de los beneficios de un sistema nacional de seguridad social.
Antes de la pandemia el Gobierno calculaba en unos nueve millones de colombianos el potencial de beneficiarios de una medida como ésta.
En segundo lugar, es un instrumento de equidad ya que abre la puerta al sistema de seguridad social, con toda su institucionalidad y su formalización, a millones de compatriotas, cuyos ingresos no llegan a los umbrales mínimos legales.
Un tercer aspecto es la adaptación que la reglamentación define para que trabajadores independientes sin vínculo laboral puedan beneficiarse también del Piso Mínimo de Protección Social.
Hay advertencias de expertos que deben tomarse en cuenta. Por ejemplo, que esta medida no genere un desplazamiento de trabajadores formales alrededor del salario mínimo al esquema de Piso de Protección, con un menor costo al empleador. La vigilancia estatal es clave para impedir la desmejora en condiciones laborales actuales. Ante la crisis de empleo que la pandemia agravó, las medidas de protección social son prioridad.
