A partir del pasado 19 de mayo los pasos fronterizos marítimos, terrestres y fluviales de Colombia con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil fueron reabiertos. Desde el 17 de marzo de 2020 el Gobierno los había cerrado como medida sanitaria para contener la covid-19.
Este anuncio debe ser bien recibido. Si bien la pandemia no ha sido completamente controlada ni en Colombia ni en ninguno de estos países, los gobiernos y sus autoridades sanitarias han desarrollado los protocolos de salud para la protección de los habitantes.
Tras más de un año de cierre, estos territorios de frontera han visto desplomar sus economías basadas en la circulación y el intercambio bienes entre los países vecinos. Si Colombia ha venido desplegando una estrategia de reapertura de amplios sectores, el siguiente paso es contribuir a la reactivación económica de las regiones fronterizas.
Esta decisión debe estar sin duda acompañada de un ejercicio de coordinación y diálogo con las autoridades panameñas, ecuatorianas, peruanas y brasileñas para la definición conjunta de esos protocolos y demás medidas que permitan el tránsito binacional de vehículos, personas y productos. Es del interés tanto de Colombia como de los vecinos que los territorios fronterizos puedan recuperar sus dinámicas sin convertirse en un riesgo sanitario.
Caso aparte es la decisión sobre los pasos con Venezuela, que no están incluidos en esta resolución. La crisis migratoria de los venezolanos en territorio colombiano y la crisis diplomática entre Bogotá y el régimen de Nicolás Maduro complican la apertura de esa frontera. Sin desconocer los riesgos migratorios, políticos y de seguridad nacional que implica, es momento de analizarla e incluso discutir una eventual hoja de ruta hacia esa decisión.
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda