A Colombia la obesidad le cuesta 4,3 por ciento del PIB de acuerdo a un reciente reporte de la Ocde. Para este club de 36 países -el cual integra Colombia desde ayer de manera oficial tras el aval de la Corte Constitucional- el sobrepeso genera en sus economías un impacto negativo de más de tres puntos del PIB.
El informe del organismo internacional calcula esos costos vía los gastos en que incurre el sistema de salud así como la reducción en la productividad laboral y en la disminución en la expectativa de vida.
En el caso particular de Colombia las cifras son alarmantes. El mercado laboral nacional sufre un impacto de 13,7 billones de pesos por ausentismo, incapacidades, entre otros. Mientras que el 6 por ciento del gasto en salud se destina a la obesidad y sus enfermedades asociadas con la carga al sistema que eso implica.
Estos datos no deberían sorprender a nadie. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 2015 el sobrepeso en Colombia no hace más que subir.
Uno de cada tres jóvenes y adultos tiene sobrepeso, mientras que uno de cada cinco es obeso. También en los niños se presenta la problemática: 6,3 por ciento en 2015 de acuerdo a la misma medición nacional.
Es el momento de abordar el sobrepeso y la obesidad de miles de colombianos con la gravedad que amerita con sus consecuencias tanto en la salud pública como en la economía.
Las políticas a desplegar por parte del Gobierno no deben restringirse a la esfera de la prevención, sino que deben incluir medidas con respecto a los alimentos que más contribuyen a la obesidad. Asimismo, es importante discutir la necesidad de mayor información, así como pedagogía en materia nutricional.
Sin limitar la libertad de los ciudadanos, el Estado tiene la obligación de brindarles los instrumentos para tomar decisiones que no les hagan daño, en este caso, lo que comen.
No hay una fórmula mágica a la mano para reducir la obesidad. El primer paso es ser conscientes del problema.
