Alrededor de 10 meses ha tardado en concretarse la selección de la nueva directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), un proceso que estaba listo en octubre pero que se congeló simplemente porque el gobierno de Donald Trump lo frenó.
Este hecho muestra la pérdida de influencia y poder que ha registrado el ‘árbitro’ de los intercambios mundiales en los últimos años, en los que ha visto cómo las principales potencias entraban en una guerra comercial sin posibilidad de mediar en ella, y también la manera en la que uno de sus miembros desactivó el comité de apelaciones, que es su principal herramienta para la solución de diferencias entre países, y bloqueó la necesaria reforma.
Es por esto que el principal reto de la nueva directora general, Ngozi Okonjo-Iweala, además de impulsar esa reforma de la organización y adaptarla a los tiempos actuales, como ella misma reconoció, es devolverle la fuerza para que sea realmente el juez del comercio.
Desde 1995 hasta el final de 2020, los miembros de la OMC han llevado ante del Órgano de Solución de Diferencias un total de 598 disputas, que van desde el acuerdo de aranceles, hasta antidumping, subsidios o salvaguardas y ayudas a la agricultura, entre otros.
En este tiempo, Colombia ha reclamado cinco veces, le han demandado siete y ha participado en 64 procesos como tercero, e incluso alguno de estos es reciente, como la disputa con la UE sobre las papas congeladas.
La OMC es, y debe ser, el tribunal donde el país debe llevar este tipo de diferencias. Una OMC fuerte es la única manera de que un país como Colombia pueda defender sus derechos incluso contra las grandes potencias, sin riesgo de medidas unilaterales.
Para eso, la OMC necesita tener dientes.