No son pocos ni sencillos los temas alrededor de la disputa entre Colombia y Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). Tras la decisión de 2012 de este tribunal internacional en perjuicio de Bogotá, el vecino centroamericano denunció el incumplimiento colombiano y la CIJ emitió este pasado jueves otra serie de decisiones alrededor de estos reclamos nicaragüenses.
Parte de esas decisiones -que cobijan incluso la ratificada capacidad de la Armada Nacional para patrullar la zona en cuestión y confirman que Colombia no ha incumplido- competen a la comunidad raizal y la pesca, una de las actividades económicas tradicionales de los habitantes del archipiélago. Las consideraciones de la CIJ le dan a Colombia libertad de navegación -clave para la protección de la actividad pesquera que realiza la Armada- y reconocen la existencia de una comunidad sanandresana que ha desarrollado la pesca.
El fallo además garantiza el acceso de los pescadores raizales a sus bancos tradicionales de pesca ubicados en aguas colombianas. Esto les permite navegar libremente a dichos banco. También admitió la posibilidad de que los pescadores puedan acceder a bancos de pesca ubicados en aguas no colombianas. Para eso invitó a las partes a llegar a un acuerdo, algo a lo cual Nicaragua se había negado. Los pasos siguientes frente al estatus de la pesca en San Andrés siguen dos caminos.
El primero es la implementación de un decreto, en el que ya está trabajando el Gobierno, que ayude a traducir estas consideraciones del tribunal internacional a la realidad de esta actividad económica. En segundo lugar está la exhortación de la Corte a que Nicaragua y Colombia avancen en un acuerdo específico sobre pesca. El ambiente político no está dado hoy para esa negociación bilateral, pero se sentaron unos principios positivos para que la pesca tradicional de San Andrés cuente con más tranquilidad.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda
