Ayer el Gobierno Nacional dio el balance de dos meses de implementación del subsidio para incentivar la generación de empleo juvenil. La medida reconoce el 25 por ciento de un salario mínimo a las empresas que creen puestos de trabajo para personas entre 18 y 28 años. Las cifras oficiales dan cuenta de 77.574 nuevos empleos para jóvenes con una inversión de más de 23 mil millones de pesos.
La meta gubernamental original es de unos 600 mil puestos de trabajo y la aspiración actual es llegar a los 100 mil a finales de este año. Cada empleo que se genere para una persona joven es una noticia positiva para ella y para su entorno ya que esta población, junto a la de mujeres, ha sido una de las más afectadas por el desempleo desencadenado por la crisis de la pandemia.
No obstante, estos guarismos son insuficientes para ir cerrando el rezago que se está generando en contra de estos grupos poblacionales más vulnerables y golpeados económicamente por el coronavirus. De acuerdo al Dane la tasa de desempleo juvenil- entre 14 y 28 años de edad- está en 23,3 por ciento y más de 1,5 millones de jóvenes estarían desempleados y otros 5,7 millones inactivos.
No se trata de desconocer el compromiso de cada empresa que crea puestos de trabajo para jóvenes y aplica a este incentivo, sino de dimensionar la magnitud del problema social que implica para esta población no tener trabajo ni poder estudiar. Es evidente que, por más que el Gobierno impulse este esquema de ayuda, la brecha a cerrar es tan grande que no bastarán estos subsidios oficiales.
El desempleo juvenil requiere de una estrategia más audaz, más integral y con muchas más herramientas que las que hoy el Ejecutivo despliega.
Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
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