Ayer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó un informe sobre las perspectivas fiscales de las economías de la región con miras a la reactivación y la superación de la pandemia.
La lucha contra el coronavirus y sus impactos sanitarios y sociales en América Latina impulsó a los gobiernos regionales a realizar esfuerzos fiscales en promedio de 4,6 por ciento del PIB. De este monto, un 2,5 por ciento correspondió a garantías de crédito y otra porción se destinó a planes de emergencia. Esta situación inevitablemente disparó los niveles de endeudamiento de la región y generó una trayectoria de insostenibilidad fiscal.
A pesar de esa inyección de recursos, la economía latinoamericana se desplomó en 2020 en un 7,1 por ciento. Si bien en este año las estimaciones muestran un rebote de alrededor del 6 por ciento del PIB, solo hasta en un par de años la región recuperaría los niveles socioeconómicos previos a la irrupción de la covid-19.
De hecho, el llamado más importante de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, fue precisamente al mantenimiento de los actuales estímulos fiscales en las economías de región al menos hasta el 2022. En especial, la política fiscal expansiva que contiene canales de transferencias monetarias y ayudas a los más vulnerables, al estilo del programa Ingreso Solidario en Colombia.
La Cepal advierte que la necesidad y urgencia de esos recursos estatales de mitigación a los impactos de la pandemia en la pobreza está lejos de terminar. Estos argumentos de esta entidad de Naciones Unidas se sintonizan con muchos de las tesis esgrimidas por el Gobierno Nacional en el debate de la reforma tributaria. El desafío fiscal es regional.
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