La semana pasada la Andi propuso la ampliación del programa gubernamental “Ingreso Solidario” por medio de un aporte del empresariado. La propuesta consiste en el recaudo del 0,75 por ciento de la nómina de las empresas para destinarlo a ampliar la cobertura de este canal de ayudas a población vulnerable entre 1,2 y 1,5 millones de familias adicionales.
De acuerdo al presidente del gremio de industriales, Bruce McMaster, estos recursos estarían orientados a hogares, inmediatamente arriba del corte del Sisben, y poblaciones no cobijadas hoy por las transferencias monetarias tradicionales como artesanos, vendedores ambulantes, artistas, deportistas y recicladores.
La iniciativa de la Andi constituye una indudable expresión de solidaridad empresarial que adquiere mucho más valor, en estos tiempos de crisis económica. Si bien hay unos sectores productivos con menor impacto directo del confinamiento, toda la economía del país está sintiendo el golpe de la pandemia.
La prioridad de las empresas hoy es sobrevivir el momento crítico y, en la medida de lo posible, proteger los empleos actuales. El paquete de medidas del Gobierno Nacional, insuficiente pero bien direccionado a mitigar los impactos en liquidez, nunca podrá sustituir al regreso de la actividad económica. De hecho, las ayudas deberían focalizarse más en las mipymes y en los sectores más impactados por el coronavirus.
La propuesta de la Andi está sustentada en una preocupación correcta: la capacidad fiscal del Gobierno para mantener las ayudas a los más vulnerables es muy limitada. Sin embargo, no es claro que un adicional impuesto a la nómina, así sea temporal, no termine convirtiéndose en una carga pesada para empresas que el año entrante apenas se estén levantando. Acierta la Andi en proponer mecanismos de solidaridad empresarial en tiempos de crisis y la generación de ideas en esta dirección debe continuar. Hoy la mejor contribución empresarial está en mantenerse mientras se protegen los puestos de trabajo.
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